Los resultados electorales en la región reflejan las falencias estructurales internas, que las élites en todos los campos no quieren ver.
La violencia tiene que ser condenada provenga de donde provenga; sea desde el Estado que reprime o desde organizaciones extremistas, que generan vandalismo y destrucción.
El papel de la Asamblea Nacional saliente ha sido vergonzoso. Eso se refleja en dos hechos puntuales: la bajísima popularidad que tiene y que, con honrosas excepciones, hayan sido representantes del pueblo más de 60 de sus integrantes con procesos judiciales en su contra, de diverso contenido, incluso algunos sentenciados por los vergonzosos hechos de los diezmos, por incitar a la alteración del orden público, por la injerencia en el manejo ilegal de los hospitales. Otros con dudosos carnés de discapacidad.
A la actual Asamblea saliente hay que señalarle como la responsable si aquí se pone en riesgo la dolarización. La gente debiera reflexionar sobre la necesidad de blindar sus recursos que están en el Banco Central( BC), que no son de ningún gobierno sino de tres fuentes: ahorros de los clientes del sistema bancario privado, del seguro social y de los gobiernos seccionales y empresas del Estado.
El fracaso total en Venezuela debiera servir como ejemplo para no repetir esa triste experiencia en América Latina. La dictadura le tiene sumido a ese pueblo en la peor desgracia de su historia en nombre de la revolución bolivariana, que dejó atrás a uno de los países más ricos de la región para transformarse en la nación con los peores indicadores del mundo en todos los órdenes: pobreza, inequidad, economía, inflación, desarrollo, derechos humanos, libertades, inseguridad, criminalidad.
Lo ocurridoen este proceso electoral es una demostración del porqué de la desconfianza en los organismos electorales.Resultaría ilegal e inconstitucional, según juristas y expertos, cambiar el calendario electoral en medio camino para favorecer a candidatos y actores políticos que quieren entrar por la ventana, sin cumplir a su debido tiempo lo que otros candidatos lo hicieran. Eso determina la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que a rajatabla quiere que se aplique. Curiosamente, esa idea propugnan aquellos golpistas y sentenciados por corrupción que desde octubre del 2019 buscan el caos y la confusión.
Uno de los valores esenciales de la democracia es la estabilidad institucional. Más aún cuando el país está inmerso en un proceso electoral sobre el cual existen sombras e incertidumbres, debido a las actuaciones de los máximos organismos electorales, con resoluciones contradictorias que no generan confianza, y de gran parte de los actores políticos. Se refleja en la proliferación de partidos, movimientos y candidatos y la presencia del populismo y sus propuestas demagógicas que engañan a los electores.
Hasta cuándo se debe esperar que la Asamblea cumpla a cabalidad con una de sus obligaciones (legislar) en lugar de deteriorar otra de las tareas fundamentales (fiscalizar). Esto se ha evidenciado en el actual juicio político iniciado en la desprestigiada Comisión de Fiscalización, con interpelantes que no han exhibido contundencia, pero será el pleno el que resuelva el caso, con la atribución que le asiste. Limitados a la acusación del uso de bombas lacrimógenas caducadas cuando el país exige no más impunidad con los verdaderos responsables del vandalismo y destrucción de octubre 2019 y de eso no se ha logrado nada. Qué diferencia con juicios políticos del pasado, con brillantes interpelantes, que censuraron y destituyeron con solvencia a ministros de Estado.
El futuro del país no puede ser de poca importancia para la gente. El rechazo a la práctica de la política no debe ser un pretexto. No se dan cuenta que lo político incide en lo económico y social y en las próximas elecciones tiene que dilucidarse entre los que aspiran a un mejor país para sus hijos y nietos y las amenazas del populismo y del retorno de quienes con un discurso falso gobernaron diez años. Quieren volver a saquear las arcas fiscales, con el festín de los recursos y la corrupción galopante que se evidenciaron luego.
El destape de la corrupción que se vive en medio del proceso electoral en marcha y una Legislatura desprestigiada, con 60 asambleístas procesados judicialmente, algunos de los cuales pretenden fiscalizar sin mirarse a sí mismo, daría la impresión que existiera una competencia o un concurso de rabos de paja, salvo algunos actores, dirigentes políticos y candidatos que se excluyen.
Uno quisiera sustraerse de lo que sucediera en el gobierno corrupto de la revolución ciudadana pero en el camino aparecen más casos inevitables, que han generado y seguirán haciendo daño a los recursos del país. Prohibido olvidar hechos concretos. La Corte del Distrito de La Haya acaba de rechazar la apelación del Ecuador al laudo arbitral del 2018 a favor de la compañía Chevron (Texaco). El pronunciamiento dice que su objetivo es “eliminar las consecuencias de una sentencia fraudulenta dictada por un juez corrupto”.
El cierre del caso Sobornos, que sentenciara por cohecho a un ex presidente prófugo y a su organización delincuencial, es un triunfo de la institucionalidad, la recuperación del imperio de la ley, la actuación de una justicia independiente y la tarea final cumplida por bizarros conjueces nacionales, que no se quebrantaron ante las presiones de corruptos. Papel fundamental jugó la Fiscal General, que ha dado ejemplo de valentía a los hombres y a todos, a quien se sumó el aporte del Procurador.
Cuánto se ha denigrado la política. En lugar de ir a la cárcel, algunos buscan papeleta electoral precisamente para evadir a la justicia por un tiempo. Esto es lo peor que ha vivido el país, en medio de la pandemia, el destape de la corrupción y la desconfianza en las instituciones, que obliga a los ecuatorianos a tomar conciencia y asumir el papel de ciudadanos responsables de los problemas nacionales.
Uno de los propósitos que se demuestran de la Constitución vigente ha sido amparar y proteger a los tramposos. Basta comparar los textos entre la del 98, que rigió hasta el 2008, y la que la revolución ciudadana, a la cabeza el prófugo en Bélgica, aprobó a la medida en Montecristi y que le hicieron ratificar al pueblo en las urnas, que ni siquiera leyó su contenido.
Salvo contadas excepciones, a los políticos, legisladores, autoridades en general, nacionales y seccionales, y a quienes ejercen funciones públicas y también en el sector privado (no están exentos) hay que pedirles solo dos cosas fundamentales en medio de esta pandemia de la corrupción: no mentir y no robar. Sean o no sean cristianos, respeten o no respeten los Diez Mandamientos. El uso abusivo del poder y el financiamiento de la política de manera irregular e incestuosa, con la colaboración de empresarios (evidenciado claramente en el caso Sobornos en el nefasto correísmo), refleja una de las realidades que ha llevado a esta situación de cleptomanía.
La corrupción carcome las estructuras del Estado y la sociedad. Cada día abruman nuevas formas de saquear los dineros públicos. No solo que se han contentado con crear empresas fantasmas, de papel, de familias (el caso audaz y vergonzoso de la Prefectura del Guayas) sino que en otros casos, no contentos con lograr contratos con enormes sobreprecios han buscado hasta mecanismos para engañar en la importación de vehículo con carné de discapacidad, que no se sabe quién le otorgó, que felizmente no fue admitido por las Aduanas. Daría la impresión que esto es tierra de nadie, sin controles, ni una justicia oportuna y eficaz.
La regla entre políticos, no políticos y ex deportistas que llegan a altos cargos de la función pública ha sido trastocada, salvo excepciones. Los valores morales y éticos ya no existen para ellos porque aparecen desaforados para “hacer negocios” con los dineros del pueblo y enriquecerse rápido, con el uso de artimañas en la contratación pública. No se dan cuenta que se han transformado en ladrones de una esperanza de un país mejor, aunque eso no les importe.
Pareciera que el futuro está marcado por la ingenuidad de la mayoría de sectores responsables. Por ello es fundamental que se despierte a tiempo frente a las amenazas que se ciernen. Mientras se prepara la reanudación de las labores productivas, otros se alistan para la desestabilización de manera irresponsable, con cualquier pretexto, sin importarles el estado calamitoso que vive el país. A la pandemia se suman otros factores. Unos, válidos por el desempleo y la pobreza pero quieren aprovecharse de eso para pescar a río revuelto.
Aunque existan pretensiones, como ocurriera en octubre pasado, cualquier intento golpista no tendrá cabida en el Ecuador, ni asidero en FF.AA. ni respaldo internacional. Sin embargo, a propósito del coronavirus, el país necesita también una buena fumigación y limpieza de las instituciones, especialmente de los rezagos del correísmo. Accionar a tiempo y no reaccionar a destiempo. No faltan sectores externos que pretenderían el caos y la desestabilización, aprovechándose de este momento difícil. Hay un personaje que está desesperado por la primera sentencia que recibiera por uno de tantos actos de corrupción en el gobierno anterior y con ello, de llegarse a ejecutoriar, quedaría sepultado políticamente.
Los cambios radicales en todos los aspectos de la vida por la presencia del covid 19 ya no pueden discutirse sino implementarse. La emergencia obliga con urgencia y a la fuerza a las transformaciones inmediatas. No hay espacio para las dubitaciones y peor para quienes quieren seguir soñando con volver al estado de cosas que vivieran hasta que se desatara esta pandemia.