Salvo contadas excepciones, a los políticos, legisladores, autoridades en general, nacionales y seccionales, y a quienes ejercen funciones públicas y también en el sector privado (no están exentos) hay que pedirles solo dos cosas fundamentales en medio de esta pandemia de la corrupción: no mentir y no robar. Sean o no sean cristianos, respeten o no respeten los Diez Mandamientos. El uso abusivo del poder y el financiamiento de la política de manera irregular e incestuosa, con la colaboración de empresarios (evidenciado claramente en el caso Sobornos en el nefasto correísmo), refleja una de las realidades que ha llevado a esta situación de cleptomanía.
La Constitución de Montecristi, tan pisoteada y violada permanentemente, está llena de derechos pero exige deberes y responsabilidades. Los derechos son fundamentales y deben ser respetados y reclamados cuando son violentados, pero ¿quién obliga que asuman sus deberes y responsabilidades? El artículo 83 establece el ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.
Actores políticos, asambleístas y autoridades son tan cínicos que hablan contra el robo y la corrupción cuando por debajo practican exactamente eso y no hay manera de recuperar lo que se han llevado. Otros se acogen al silencio o eluden sus responsabilidades con cualquier pretexto. Con qué audacia han engañado algunos para obtener de manera fraudulenta carnés de discapacidad y lograr beneficios. Hoy el país se verá abocado a un nuevo proceso electoral y a escuchar más demagogia y promesas irrealizables, sin aterrizar en la realidad, en medio de los serios problemas que tenemos por la pandemia, la crisis económica y la decepción de los ciudadanos, aunque son ellos los responsables por elegir mal, sin un voto informado y consciente.
Qué ganan con acumular tanto dinero mal habido si no podrán disfrutar abiertamente. Muchos lo hacen con descaro y sin vergüenza, o tienen que andar por los techos, huidos o autoexiliados (los casos de los prófugos en Bélgica, México, EE.UU.) Otros en las cárceles, pagando penas por sus fechorías aunque algunos tienen aún más causas pendientes, aunque sueñen con salir un día a gastar lo acumulado.
Por ello tienen que guardar y destinar cientos y cientos de miles de dólares para defenderse, presionar a jueces y contratar abogados con experiencia, que están prestos a cambio de jugosos montos por “servicios profesionales”. No les importa la ética ni sus apellidos aunque tengan que fabricar historias y mentiras para tratar de demostrar con leguleyadas la supuesta inocencia de los defendidos y repetir que no hay o faltan pruebas aunque en los procesos se haya demostrado todo lo contrario. Solo recurren a la frase manida que son “perseguidos políticos” en lugar de presentar descargos en los procesos judiciales.