La violencia tiene que ser condenada provenga de donde provenga; sea desde el Estado que reprime o desde organizaciones extremistas, que generan vandalismo y destrucción. Sin embargo, qué pena que la miopía no permita ver en contexto y globalmente que existe una fragilidad e inestabilidad por el crecimiento de la pobreza, demandas no atendidas, los justos reclamos sociales, las angustias de los pobres, agravadas por la pandemia, pero también por las graves amenazas de grupos insurgentes que pretenden aprovecharse e incendiar la región, que empujan al caos organizado y que amenazan a los regímenes democráticos.
Falta perspicacia en organismos internacionales, de DD.HH., en sólidos gobiernos democráticos (EE.UU. y de Europa) que condenan la represión oficial, lo cual está bien, pero no advierten ni cuestionan con el mismo tono y firmeza los hechos violentos que generan esas reacciones. No reflexionan en la irrupción de estos grupos vinculados a la delincuencia organizada, protagonistas de actos de corrupción, que maquillan una supuesta ideología progresista, autocalificada de izquierda y que intentan imponer su agenda de terror.
Con esas acciones no van a arreglar los problemas de la pobreza; solo pretenden llegar al poder e instaurar regímenes totalitarios. El Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo 21, evidenciados en la realidad de miseria que vive Venezuela, recorren la región. Colombia es ejemplo de la injerencia externa y la presencia de grupos irregulares armados, vinculados al narcoterrorismo, que se sirven de los legítimos y pacíficos reclamos de los sectores sociales, aunque su gobierno debió atender oportunamente las demandas, pendientes y postergadas, con apertura al diálogo.
Hay que condenar los excesos de la fuerza pública, que deben ser investigados, pero no solo mirar las reacciones sino las acciones. ¿Cómo se pone orden y se responde a la violencia, ataques y saqueos que protagonizan estos grupos? ¿Con pañuelos? No se puede aceptar las trágicas muertes ni la destrucción de bienes públicos y privados.
El Ecuador y Chile sufrieron esos ataques en el 2019, que estuvieron a punto de echar abajo la institucionalidad. Lastimosamente las condenas fueron a las reacciones antes que a las acciones desestabilizadoras. En el país hubo un informe sesgado de esos hechos, que llegó a mencionar crímenes de lesa humanidad, pero no vio el incendio de la Contraloría, los saqueos, el vandalismo, la destrucción de servicios básicos. Quemaron unidades policiales, igual que hoy en Colombia.
Ante esas amenazas externas, el gobierno electo del Ecuador debe hacer una lectura profunda para iniciar su mandato; primero fortalecer a FF.AA., que fueran debilitadas en el régimen anterior; recuperar todas sus capacidades operativas y contar con una inteligencia preventiva.