Uno de los valores esenciales de la democracia es la estabilidad institucional. Más aún cuando el país está inmerso en un proceso electoral sobre el cual existen sombras e incertidumbres, debido a las actuaciones de los máximos organismos electorales, con resoluciones contradictorias que no generan confianza, y de gran parte de los actores políticos. Se refleja en la proliferación de partidos, movimientos y candidatos y la presencia del populismo y sus propuestas demagógicas que engañan a los electores.
El Gobierno, más allá de los errores cometidos en su administración, ha recuperado y respetado la estabilidad en instituciones fundamentales para la democracia. Ese es el caso de las fuerzas del orden. Aun cuando en la Constitución de Montecristi eliminaron lo que decía el art. 183 de la Carta Fundamental que rigiera desde 1988: las FF.AA. son garantes del ordenamiento jurídico del Estado; en la práctica, la institución militar y la Policía preservaron y salvaron del golpe de Estado en ciernes en octubre del 2019.
El Presidente se ha empeñado en respetar los tiempos en las funciones de los mandos militares y policiales, salvo hechos aislados, y ha honrado los relevos orgánicos cumpliendo los períodos reglamentarios. Eso genera certidumbre. Por ello sería inadecuado eventuales cambios sin motivos en estos momentos de debilidad e incertidumbre y en vísperas de unos comicios muy especiales cuando se vive la emergencia sanitaria, crisis económica, falta de empleo, galopante corrupción y desinterés en el electorado.
Como bien dijera un reconocido ex presidente de la República, esta elección es crucial. No es una elección cualquiera. Se va a escoger entre democracia y dictadura, corrupción y honestidad, violencia y paz, libertades y totalitarismo, persecución y odio y respeto. En ese marco, hacer cambios a dos meses de las elecciones sería sembrar dudas e inseguridad cuando la fuerza pública es la encargada de garantizar el orden en los recintos electorales y en general el proceso en marcha. Además acechan las amenazas del correísmo.
A diferencia de lo que ocurriera en el gobierno pasado con inestabilidad y cambios abruptos, que hiciera tanto daño a la institución, la cúpula militar y sus miembros han actuado profesionalmente y han contribuido a enfrentar la pandemia. Prohibido olvidar que fue la más golpeada cuando el prófugo en Bélgica patrocinó la división entre tropa y oficiales. Dejó en soletas el sistema de seguridad social de militares y policías con la aprobación de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales, vigente desde el 2016, y que aún no ha sido solucionado. Hay demandas de inconstitucionalidad pendientes de resolución por años en la CC, presentadas con valentía durante el correísmo por oficiales que hoy están al frente de la institución.