El papel de la Asamblea Nacional saliente ha sido vergonzoso. Eso se refleja en dos hechos puntuales: la bajísima popularidad que tiene y que, con honrosas excepciones, hayan sido “representantes del pueblo” más de 60 de sus integrantes con procesos judiciales en su contra, de diverso contenido, incluso algunos sentenciados por los vergonzosos hechos de los diezmos, por incitar a la alteración del orden público, por la injerencia en el manejo ilegal de los hospitales. Otros con dudosos carnés de discapacidad.
Se han dedicado a otras cosas menos a legislar y fiscalizar con responsabilidad y oportunidad. Hay reformas constitucionales y legales que esperan la buena voluntad de quienes le quedan debiendo al país y por ello debieran rendir cuentas de lo que hicieron. Quizás lo más importante, lo que dejaron de hacer y el escarnio que han hecho a los mandatos ciudadanos. El caso de la recolección de más de 300 mil firmas para impulsar enmiendas constitucionales, que contaron con el visto bueno del CNE y la Corte Constitucional para que sea el pueblo libremente el que se pronuncie en las urnas sobre tres temas fundamentales: la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ir hacia las dos Cámaras Legislativas, frente al fracaso de la unicameralidad, y el necesario fortalecimiento y plena independencia de la Fiscalía del Estado, que permita avanzar con las tareas de combate a la corrupción y enfrentar a la impunidad.
Gran parte de los asambleístas, especialmente los que representan el pasado reciente de los 14 años y que se han vuelto a juntar sin reparo ni vergüenza pese a tanta acusación que se dijeron entre ellos, se ha burlado del país. Mintieron y engañaron a los electores para llegar a ocupar las curules. Prometieron juicio político a una exministra corresponsable de la crisis del sector de la salud y el escandaloso caso de la entrega con supuestas irregularidades de carnés de discapacidad, pero dejaron pasar un año y ya no pueden hacerlo por disposición constitucional.
Hasta el final, han incumplido sus obligaciones.
Han dilatado dar paso al debate y aprobación de las reformas legales que pretenden fortalecer la dolarización e impedir que cualquier gobierno de turno se tome los recursos del Banco Central, que pertenecen a los usuarios del sistema financiero, al seguro social, a los gobiernos autónomos descentralizados y a las empresas públicas. No son del régimen central.
Los nombres de la mayoría de estos asambleístas no pueden ser olvidados, en medio de la falta de exigencia de los electores, que debieran obligar a la rendición de cuentas. Pasarán tristemente como lo que han sido, aunque poco les importe. Las obligaciones ciudadanas en democracia no se limitan solo a votar en elecciones sino a exigir a sus mandatarios el cumplimiento de las obligaciones.