El cierre del caso Sobornos, que sentenciara por cohecho a un ex presidente prófugo y a su organización delincuencial, es un triunfo de la institucionalidad, la recuperación del imperio de la ley, la actuación de una justicia independiente y la tarea final cumplida por bizarros conjueces nacionales, que no se quebrantaron ante las presiones de corruptos. Papel fundamental jugó la Fiscal General, que ha dado ejemplo de valentía a los hombres y a todos, a quien se sumó el aporte del Procurador.
Así como hemos criticado la actuación de la justicia en casuística, hoy reconocemos el papel cumplido en este juicio histórico. Las dudas quedaron despejadas. Aunque ese es el cumplimiento de su deber, diez jueces y conjueces nacionales actuaron con firmeza y todos confirmaron estos actos de corrupción en el correísmo. Una jueza llamó a juicio, luego seis jueces por unanimidad sentenciaron y ratificaron a 8 años por cohecho agravado y finalmente los conjueces, aunque uno se apartara parcialmente, pero todos coincidieron en la existencia de la estructura criminal en la Presidencia de la República.
Con este fallo se envía un mensaje de confianza, de cortar la impunidad, y se legitima a la administración de justicia, que tiene que actuar siempre con apego al Derecho; que se sepa que la ley es para todos y que nadie puede estar por sobre ella. Los sentenciados no pudieron presentar pruebas de descargo ante tantas evidencias de la Fiscalía; solo se limitaron a repetir que eran perseguidos políticos.
Un claro mensaje también para quienes desde el sector privado (porque para que haya corrupción se necesita uno que de y otro que pida y reciba) se acostumbraron a lograr contratos a cambio de coimas y financiar al movimiento político en el poder. Este es un ejemplo para que no se repitan los hechos; que la contratación sea transparente y sin compromisos incestuosos.
Las tareas de las indagaciones penales y de administrar justicia no terminan frente a tantos actos de corrupción. Luego de la sentencia condenatoria por asociación ilícita en el caso Odebrecht (diciembre 2017) y hoy en el juicio Sobornos, el país espera resultados de los nuevos procesos conexos por concusión, peculado, lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito privado, delincuencia organizada y otros, que no pueden quedar en la impunidad. El miedo ya se perdió. Todo esto sin contar con la necesaria recuperación de los dineros robados que en los fallos se determinan y que no se ha logrado aún.
Es preciso reconocer la tarea profesional y valiente de periodistas y del periodismo ecuatoriano, que investigaron y denunciaron estos actos de corrupción, que siempre fueron negados y contra atacados por el poder, aunque las pruebas eran fehacientes y esos insumos sirvieron para que sean procesados y sentenciados.