Miguel Rivadeneira

¿Quiénes pagan las atrocidades?

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Lunes 28 de septiembre 2020

Uno quisiera sustraerse de lo que sucediera en el gobierno corrupto de la revolución ciudadana pero en el camino aparecen más casos inevitables, que han generado y seguirán haciendo daño a los recursos del país. Prohibido olvidar hechos concretos. La Corte del Distrito de La Haya acaba de rechazar la apelación del Ecuador al laudo arbitral del 2018 a favor de la compañía Chevron (Texaco). El pronunciamiento dice que su objetivo es “eliminar las consecuencias de una sentencia fraudulenta dictada por un juez corrupto”.

¿Recuerdan la campaña “la mano sucia de Chevron”, la venida de artistas de Hollywood y tantos shows, pagados con recursos del Estado? Invitaron a periodistas para que se manchen la mano para la promoción internacional. Fuimos algunos a la Amazonia, pero felizmente al menos quien escribe este artículo no se prestó para la farsa. Hoy, por el dislate de ese gobierno, habrá que pagar con dineros del pueblo otra millonaria indemnización a determinarse. En el 2011 el juez Nicolás Zambrano, de la Corte de Lago Agrio, sentenció a la compañía a pagar 9 mil millones por daños ambientales y si no lo hacían de inmediato subiría al doble. El fallo fue confirmado en la Corte Nacional, a la que le había metido mano Correa. En la Corte de Nueva York a este juez (destituido luego por liberar a un narcotraficante pero posteriormente premiado por la revolución ciudadana con un cargo en la Refinería del Pacífico) le interrogaron y se concluyó que le ofrecieron USD 500 mil para firmar la sentencia que había escrito el demandante.

Antes, durante esa administración y por el capricho y el odio del hoy sentenciado por cohecho, el Ecuador fue condenado a pagar alrededor de USD un mil millones a la compañía Oxy (Occidental), tras la arbitrariedad del gobierno correísta luego de la declaratoria de caducidad del contrato de exploración y explotación del bloque 15 en la Amazonia.

En el caso Oxy fue vergonzosa la actuación del abogado del Estado (Procurador Diego García), que sostuvo que el pago de la indemnización fue “una victoria” porque inicialmente el laudo fijaba en 2.300 millones USD y se rebajó al 40 %, alrededor de 1.000 millones. “Solo” se determinó el pago de esa enorme cifra y se fue del puesto sin lograr sanción a través de un juicio de repetición contra los responsables de este enorme daño. El art. 11 de la Constitución dice: el Estado ejercerá de manera inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. La pregunta de hoy: ¿quiénes pagan tantas atrocidades cometidas en el correísmo? ¿Si hay juicio de repetición planteado por el Procurador contra los responsables en el caso Chevron, liderado por el prófugo en Bélgica, serán sancionados?