Miguel Rivadeneira

¡Hasta cuándo Asamblea!

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Lunes 09 de noviembre 2020

Hasta cuándo se debe esperar que la Asamblea cumpla a cabalidad con una de sus obligaciones (legislar) en lugar de deteriorar otra de las tareas fundamentales (fiscalizar). Esto se ha evidenciado en el actual juicio político iniciado en la desprestigiada Comisión de Fiscalización, con interpelantes que no han exhibido contundencia, pero será el pleno el que resuelva el caso, con la atribución que le asiste. Limitados a la acusación del uso de bombas lacrimógenas caducadas cuando el país exige no más impunidad con los verdaderos responsables del vandalismo y destrucción de octubre 2019 y de eso no se ha logrado nada. Qué diferencia con juicios políticos del pasado, con brillantes interpelantes, que censuraron y destituyeron con solvencia a ministros de Estado.

Las dos funciones son vitales, más aún si son asumidas con responsabilidad y sin cálculo político partidista y peor electoral. Cada acto que hacen les pulveriza más su pésima imagen. Si bien la expedición de leyes es fundamental para el ordenamiento jurídico y el combate a la corrupción, no soluciona los problemas. Quizás más importante es su aplicación y eso depende de las autoridades, que cumplan sus deberes con apego a las normas.

El país demanda con excesiva paciencia la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que durante años no han querido avanzar hasta su conclusión y aprobación en el pleno en segundo y definitivo debate. Solo allí se podrá decir que cumplieron con su obligación. Incluso habrá que ver con lupa el contenido de la ley para que no ocurra lo que se suele decir: hecha la ley, hecha la trampa. Hoy resulta que cuando iban a emitir el informe en la Comisión de Participación Ciudadana se acuerdan que hay otros dos proyectos del 2017 para su análisis.

Los legisladores responsables, que sí existen aunque sean pocos, no comparten las dilatorias y se han pronunciado en contra de este incumplimiento, que nos pone a la zaga de los países que como Colombia tienen años de vigencia la Ley de Extinción de Dominio, mecanismo para combatir la corrupción, que regula el procedimiento de extinción de los bienes de origen o destino ilícito, a favor del Estado. Es lamentable que en medio de tanta corrupción la recuperación de recursos ha sido casi nula. Solo vivimos de quejas porque no se recupera nada y allí está la respuesta legislativa.

Por confesión propia, se han enredado en la discusión de dos temas: la imprescriptibilidad (que no caduca) y la retrospectividad de los bienes. Es decir que un bien que no haya sido logrado de manera legal no puede ser lícito. La Constitución garantiza la propiedad privada pero de bienes obtenidos lícitamente. Ojalá despierten los asambleístas, soslayen sus intereses y no se vayan en diciembre al receso legislativo sin aprobar esta ley, lo cual sería más vergonzoso.