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La política exterior del país tiene dos aspectos que deben diferir íntegramente de lo que han hecho los gobiernos en los últimos 14 años.
“Llamemos a las cosas por su nombre”. Esta frase, por fuera de ser un lugar común, puede enmarcar perfectamente uno de los grandes dilemas de la comunicación social de este siglo: “noticias falsas”. ¿Se puede llamar a este fenómeno de tal manera?
El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo la semana pasada en una entrevista que es posible que en esta semana se pueda abrir el diálogo con los indígenas.
En los últimos días han salido dos sondeos de opinión en los que se mide la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y su percepción acerca del futuro.
En apenas dos meses de gestión, la Asamblea ha demostrado su visión de cómo será su gestión: clientelista. Una tónica fácilmente demostrable, luego de los varios reportajes publicados por este Diario, en los que se muestra, por una parte, el uso reiterado de los exhortos; y, por otra, la creación de leyes que implican un desfinanciamiento de la caja fiscal.
Con el trámite del juicio político al excontralor Pablo Celi, finalmente, sale a la luz el hecho de que utilizó a la Cárcel 4 como despacho de la Contraloría. La poca información que se manejó desde esa institución hizo elucubrar sobre, si en realidad, este tipo de altas autoridades pueden ejercer funciones mientras están privados de libertad. Un contrasentido si hablamos de que Ecuador es una República en donde estos actos no debieran suceder.
El pasado domingo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se reunió, finalmente, y aprobó un reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado. Hay nuevos parámetros y la ciudadanía debería conocer al máximo cómo se lleva a cabo el proceso cuando pareciera que la corrupción es algo normalizado en el país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó el fondo partidario a ocho organizaciones políticas. Un total de USD 3’ 889 778 fueron entregados. De alguna forma es un testimonio de cómo la sociedad civil pretende activar la organización democrática del país a través de los partidos políticos, que garanticen la idea de que el poder no debe ser monopólico, sino que debe tener estamentos en los que los diferentes pensamientos e ideologías puedan estar representadas.
El excontralor subrogante Pablo Celi presentó, el pasado lunes, su renuncia al cargo en una vehemente carta presentada a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El pasado 13 de abril fue detenido para las investigaciones del llamado caso Las Torres, en el que se indaga una posible red de delincuencia organizada en la que habría supuestos desvanecimientos de glosas (perjuicios por el manejo de dineros públicos). La renuncia conduce a dos escenarios paralelos.
Una inusual atención tiene la Contraloría General del Estado, una vez que su titular, Pablo Celi, está en la Cárcel 4 y que el foco está en la dirección de esta importante entidad que se encarga de velar por el correcto uso de los recursos públicos. Aparte del grave problema ético e institucional que hay por la resistencia de Celi para renunciar, y aferrarse al cargo (el Contralor debería defenderse sin su magistratura como escudo) es necesario hacer unos apuntes sobre la labor de la Contraloría.
En las reporterías que hacen los periodistas día a día hay ciertos momentos en los que se va por unos datos específicos y se regresa a la redacción con más datos, con las historias de las personas y que no solo son momentos de sus vidas, sino sus esperanzas de que algo va a mejorar.
El encuentro, nacido como un eslogan de campaña, es una oportunidad para que se busque un proyecto de país. Esta reflexión es de Alexandra Vela, quien fuera jefa del Gabinete Ministerial de Jaime Roldós Aguilera, y exvicepresidenta del Congreso Nacional. Lograr la sistematización de una propuesta tan amplia, como es el concepto mismo de encuentro, es un reto que el Ejecutivo debe tomar.
Este viernes se realizará una manifestación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Se prevé que se realice en las calles de Latacunga, tal como lo reseñó este Diario en una nota publicada el pasado sábado, en la que los dirigentes de esta organización manifestaron que se trata de una marcha pacífica local y no de un paro nacional.
Han pasado 10 días desde la posesión del Presidente de la República, Guillermo Lasso. El tiempo, variable con la que se inicia este análisis, es la variable con la que el nuevo Mandatario y su entorno más cercano deberán ser alquimistas, forjadores y estadistas para lograr asentarse en la administración pública.
En su primera sesión de decretos ejecutivos, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, le dijo a su flamante Ministro de Gobierno, César Monge, que pusiera en acción su función de enlace con la Asamblea Nacional. “Prepárese”, le dijo.
Hay cinco bancadas en la flamante Asamblea. Cada una con sus particularidades. Sus acciones mostrarán cuáles son sus intereses, más allá de los lejanos días de las elecciones, cuando fueron electos.
De alguna forma, verles a los asambleístas desesperados aprobando leyes tan dispares, me devuelve a esa sensación del domingo por la noche, sin tiempo, con la luz amarillenta del foco de 60 watts, y con los deberes encima. Desesperado, con una presión horrible. Realmente, pocas veces salían bien las tareas así.
Hay cosas que se aprenden en el camino. En la vida del periodista, una de ellas es sondear una fuente y encontrar voces que lo guíen día a día para informar al país. Hay fuentes tan variopintas y complejas que necesitan un esfuerzo adicional (incluso una dosis de buena suerte para dar con las personas adecuadas). La diplomacia es una de ellas.
Tras el anuncio de la conformación del Frente Social del nuevo gobierno y su afán de inclusión, el presidente electo, Guillermo Lasso, tiene varios retos. Uno poco tratado es que el Ejecutivo debe dar un paso en firme en el manejo político comunicacional: dejar la retórica de campaña e iniciar procesos de divulgación verdaderamente democrática.
Quedan 33 días para que el nuevo Gobierno se posesione. Esta vez, la nueva administración contará con información segura sobre cómo quedan las cosas, por fuera de declaraciones eufóricas, como ocurrió en 2017, cuando Rafael Correa le decía a Lenín Moreno que quedaba la mesa servida, como un aforismo para encriptar una verdad subyacente. No había éxito económico, solo una enorme deuda que trajo un aletargamiento, una calma artificial y un futuro inmisericorde.