En apenas dos meses de gestión, la Asamblea ha demostrado su visión de cómo será su gestión: clientelista. Una tónica fácilmente demostrable, luego de los varios reportajes publicados por este Diario, en los que se muestra, por una parte, el uso reiterado de los exhortos; y, por otra, la creación de leyes que implican un desfinanciamiento de la caja fiscal.
Los exhortos han supuesto la mejor forma de dar mensajes de las bancadas de la Asamblea al Ejecutivo. El Parlamento tiene dos aportes a la vida republicana: legislar (hacer leyes); y fiscalizar, es decir, servir como puntal del control político a las actividades del Ejecutivo, sobre todo. Hacer exhortos en ningún caso significa fiscalización.
Los exhortos significan ya en la práctica una pérdida de tiempo en la labor parlamentaria. Para un exhorto es necesario cambiar el orden del día del Pleno de la Asamblea. Y para eso es imprescindible hacer la votación para incluir en los temas del día, luego discutir el punto, y una nueva votación. Allí se van horas valiosas. Según la estadística publicada por este medio, en 15 sesiones del Pleno, hubo 20 pedidos de cambios del orden del día para hacer los exhortos que son, apenas, invitaciones a alguien a que haga o deje de hacer algo.
En suma, el exhorto parlamentario sirve para los 30 segundos en el noticiero, o la nota secundaria en los diarios si tiene algo substancial, que por lo general tienen más que ver con las disputas políticas con el Ejecutivo.
En cuanto a fiscalización, el país está a la expectativa del primer proceso de esta legislatura, que aparte de un efectivo control político, que implica la censura, en el caso del excontralor Pablo Celi, se espera que la Fiscalía pueda abrir investigaciones con las pruebas aportadas sobre cómo se desvanecían glosas y, de ser posible, dar con la red que articulaba esta supuesta asociación para delinquir.
En cuanto a la legislación, a la hechura de leyes, este Diario publicó ayer que, según la estadística parlamentaria, la mitad de leyes presentadas tendrán un impacto en el presupuesto, esto una vez que las reformas a la Ley Legislativa exigen que las iniciativas que apruebe la Asamblea deben tener el financiamiento adecuado para no desfinanciar al Fisco. La ausencia de esa normativa dio pie a que en un debate apurado la anterior legislatura aprobase la Ley de Educación Intercultural, una normativa que reconoce la labor de los maestros, pero que en términos reales disminuirá en siete años la vida operativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según un reporte de la sección Negocios de este rotativo.
Así que es motivo de preocupación que el 50% de las leyes que tramita la actual Asamblea tengan impacto fiscal. Esto denota dos cosas sobre el acercamiento legislativo de los parlamentarios: desconocimiento o quemeimportismo que apunta al clientelismo, en busca de votos futuros.
Las leyes sin financiamiento son una mentira blanca. Sino que lo digan los maestros que hacen una huelga de hambre para ver si se puede cumplir con la irresponsable legislación 2017-2021.