El día después

Hasta el siglo XVIII, finales, el profesional en Derecho era un simple auxiliar del Príncipe que tomaba asiento en un tribunal para marcar la línea en cuestiones especiales que éste consideraba relevante para su principado y que no deseaba confiar a sus órganos propios. Hoy, en el Ecuador, los órganos regulares del Ejecutivo envían a sus profesionales a sentarse al lado de los fiscales, jueces y tribunales para una tarea específica: comunicar la solución del caso que ha decidido el Gobierno, sin que importe la forma de llegar a ésta.

El argumento de los jueces -que se ha hecho normal escuchar en las audiencias-, cuando la intromisión es denunciada por la parte afectada, es que la aceptan "porque nada tienen que ocultar ni temer", que "siguen siendo libres para decidir lo que en Derecho proceda". Lo que no dicen es que su empleador es el Gobierno y es quien tiene la facultad de destituirlos cuando se aparten de sus consignas e incluso de enjuiciarlos, si son tan libres de fallar contra lo dispuesto. Eso lo saben, los ejemplos abundan, por eso la mayoría encauza libremente sus sentencias a los deseos del Gobierno.

Este nuevo patrón judicial es el que impera, pero las razones para que se haya impuesto son de una perversidad colosal, pues, de lo que se trata es de alejar, del Ejecutivo, las consecuencias derivadas de las decisiones judiciales. Se trata de poder, cuando venga el día después, argüir: "Fueron los jueces en nombre de la justicia los que te condenaron, los que te birlaron el patrimonio, los que destruyeron tu familia, esta es su responsabilidad, al fin y al cabo, ¡esos jueces eran independientes para decidir!". La salvación será para quienes deciden, pero no firman los fallos.

La historia no deja olvidar que los jueces del Régimen nazi fueron culpados de la masacre humana siendo condenados en Núremberg, pues, no cabía proclamar la justificante de la obediencia debida que, en cambio, sí pudo invocar en su defensa la cadena de mando media del dictador. La mayoría se salvó, no así los jueces que pagaron con condenas perpetuas su aquiescencia a ser útiles instrumentos para la autenticación de las decisiones del jefe supremo. Ocurre lo mismo por nuestro continente con los jueces de Videla, Pinochet o de Fujimori, su falsa proclamación de independencia los condena. Es un desenlace reiterado en la histórica confrontación del totalitarismo con la libertad.

Cuando el Derecho se reinstaure en el Ecuador vendrá el juicio de esta tenebrosa etapa de nuestro sistema judicial y cada cual deberá rendir cuentas por su conducta. El resultado será la condena de toda una generación de abogados que producen los fallos para que sus jefes depreden los derechos de todos. Ineludiblemente, en nuestro país, esto ocurrirá el día después.

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