Texto y contexto crítico

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Jorge Imbaquingo

Jorge R. Imbaquingo

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

De 2 777 casos de exámenes de la Contraloría, 3 tienen sentencia

Una inusual atención tiene la Contraloría General del Estado, una vez que su titular, Pablo Celi, está en la Cárcel 4 y que el foco está en la dirección de esta importante entidad que se encarga de velar por el correcto uso de los recursos públicos. Aparte del grave problema ético e institucional que hay por la resistencia de Celi para renunciar, y aferrarse al cargo (el Contralor debería defenderse sin su magistratura como escudo) es necesario hacer unos apuntes sobre la labor de la Contraloría.

De principio, esta institución realiza estudios de gestión de los entes públicos, unos son de rutina y otros son exámenes especiales. Allí, las personas involucradas tienen la posibilidad de presentar pruebas de descargo. En las conclusiones, la Contraloría predetermina faltas administrativas y glosas (montos a devolver). Si se sospecha de dolo, el informe pasa a los departamentos de responsabilidades donde se analiza si hubo malversación de fondos. De ser así, estos estudios van a la Fiscalía que debe iniciar investigaciones penales.

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes sobre la efectividad de los mecanismos de control para la corrupción. En un informe contundente, presentado el pasado sábado por EL COMERCIO, muestra que de 2 777 casos de presuntos actos de corrupción en el sector público, llevados desde la Contraloría a la Fiscalía, apenas tres han llegado a una sentencia (una de ellas, incluso, absolutoria).

Sin embargo, con la investigación que se realiza al Contralor General del Estado, Pablo Celi, por el paso anterior a que los informes de Contraloría vayan a la Fiscalía, es una instancia que se conoce como el desvanecimiento de las glosas, que es legal, cuando los funcionarios públicos han presentado pruebas contundentes de descargo. Pero, ¿qué pasa cuando hay órdenes superiores para que se acepten los descargos sin cuestionarlos jurídicamente?

En la investigación fiscal que se lleva a cabo en el caso Las Torres, que indaga a Celi por una supuesta delincuencia organizada, hay unos chats que se han hecho públicos. En uno de ellos, realizado el 25 de marzo del 2021, supuestamente una funcionaria de Contraloría habla con Celi sobre una glosa. Allí, ella dice: “Señor Contralor, jamás me atrevería a decir absolutamente nada sobre lo que tuve que desvanecer cuando usted me lo solicitó. Tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo por fuera de la ley”.

La exsubcontralora, Valentina Zárate, quien asumió el cargo mientras Celi estaba en la Cárcel 4, fue abordada por este periodista para hablar, entre otras cosas, sobre por qué no aparece una lista pública en la web de la Contraloría sobre las glosas desvanecidas. Su respuesta fue: “no es que no haya información, la tenemos en bases de datos, pero la Constitución ampara el derecho a la intimidad de las personas”.

El problema es que muchas personas pueden ser condenadas injustamente, pero también, mientras no haya transparencia, desvanecer una glosa podría ser un acto discrecional, que es lo que justamente investiga la Fiscalía.