Aquella frase de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es de los afiliados es solo una promesa, un enunciado romántico. Para saberlo, basta hacer un recuento de las decisiones políticas y sin sustento técnico que han tomado las autoridades de turno para cumplir promesas demagógicas a costilla de los ahorros de los asegurados y que han llevado a agravar su situación financiera.
La Asamblea activó este año el análisis de tres proyectos de Ley para reformar la seguridad social, que llevaban algunos meses y hasta años en carpeta, pero los textos no alcanzan para inyectarle la modernidad y la sostenibilidad que requiere con urgencia el sistema.
El Fisco recibió menos ingresos en estos primeros tres meses del año para cubrir los gastos, lo que hace aún más necesario continuar con el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La interrupción de la educación es otro costo de la pandemia que está afectando a niños y jóvenes, pero que a futuro tendrá repercusiones en el mercado laboral y la economía de las familias, sino se diseñan políticas de forma urgente.
El 2020 fue otro duro año para el Seguro Social, mientras las medidas y las reformas legales para darle sostenibilidad financiera siguen en espera. Parece que no hay sentido de urgencia entre los responsables políticos.
En la pandemia las mujeres no solo que perdieron su trabajo, sino que incluso se vieron forzadas a dejar de buscar uno nuevo debido a que asumieron la responsabilidad de cuidadoras de hijos y padres en el hogar.
Ecuador no dispone de datos actualizados de tres indicadores claves: empleo, pobreza y ejecución presupuestaria.
La inclusión financiera significa tener acceso a productos útiles, de calidad, a bajo costo y prestados de forma responsable y sostenible. Entre la población de bajo ingreso es un tema crucial porque les permite acceder a crédito formal. De hecho, la falta de inclusión financiera es uno de los factores que explica por qué los países no alcanzan un desarrollo económico más acelerado.
Uno de los mayores enemigos de la dolarización es un incontrolable gasto estatal. Hay un caso real que sostiene esta premisa: Zimbabue.
Cuando se piensa en cómo se desperdiciaron recursos en la década pasada se vienen imágenes de grandes elefantes blancos, como la Refinería del Pacífico o la Ciudad del Conocimiento. Pero el derroche fue a todo nivel.
El mes pasado las microempresas fueron obligadas a pagar por primera vez un impuesto del 2% sobre sus ingresos anuales dentro del llamado Régimen Impositivo para Microempresas. Es un cambio radical a la forma en la que venían tributando. Es casi el reemplazo del impuesto a la renta por un nuevo tributo.
Aunque la respuesta a la pregunta parece sencilla: ni solo Estados Unidos ni solo China, la puesta en práctica resulta un desafío.
La punta de lanza de varias propuestas de campaña para reactivar la economía es una reducción del impuesto al valor agregado (IVA). El planteamiento se lanza sin estudios ni base técnica. Es demagogia. Basta ver los datos. La pandemia por el covid-19 también afectará el escenario tributario de este año. El Fisco estima que percibirá por recaudación de impuestos USD 13 122 millones, un monto que no se veía desde el 2013.
Un año más el Seguro Social se comerá parte de los ahorros de los afiliados para cubrir sus gastos. La institución arranca un 2021 con finanzas débiles, con ingresos insuficientes y con la esperanza de que este año se pueda hacer la tan esperada reforma estructural.
El 9 de enero la dolarización cumplirá 21 años. En el país 7,2 millones de personas que tienen 21 años de edad o menos. Ellos nacieron y crecieron con el dólar. No saben lo que era vivir con una moneda propia, con salarios que se devaluaban y con los precios creciendo cada día en una espiral imparable de inflación. Fue una época dolorosa que quedó marcada en la memoria de padres y abuelos.
La pandemia asestó un duro golpe al mercado laboral este 2020. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) advirtió, en un reciente informe, que en los últimos 10 meses los mercados de trabajo de la región retrocedieron, al menos, 10 años y que la crisis está lejos determinar.
La revisión de los subsidios a las gasolinas y al diésel efectuada este año es uno de los grandes aciertos del 2020. El sistema de bandas de precios que rige desde mayo pasado es flexible, progresivo y positivo, desde todo punto de vista.
El consumo de los hogares se contrajo fuertemente por la pandemia. El Banco Central proyecta que este año cerrará con una caída del 8,5%. El indicador es relevante considerando que tiene un peso del 45% en la economía.
El 2020 ha sido el peor año para el sector petrolero en los últimos diez años y eso tuvo un impacto directo en las finanzas públicas. Hasta noviembre de este año los ingresos por venta de crudo y derivados llegaron a USD 500 millones, el monto más bajo en la década.
Más ecuatorianos se ven empujados a acudir al chulco en medio de la crisis económica y por falta de acceso a crédito formal.