La interrupción de la educación es otro costo de la pandemia que está afectando a niños y jóvenes, pero que a futuro tendrá repercusiones en el mercado laboral y la economía de las familias, sino se diseñan políticas de forma urgente.
Manuel, quien vive en una comunidad rural en Tungurahua, enfrenta un gran desafío para educar a sus hijos en la pandemia. Este agricultor no cuenta con acceso a Internet, pero aún cuando el servicio llegara a la zona no podría pagarlo.Una vez a la semana, sus hijos más pequeños caminan una hora para llegar a la escuela donde sus maestros les encargan tareas. Los maestros de esa institución dicen que el ausentismo afecta a un 30% de los alumnos.
En la ciudad, Joshue, que tiene 5 años y está en Primero de Básica, se queda solo con su hermano, que está en Octavo. Los gastos de la casa obligan a ambos padres a trabajar y con la reactivación de actividades no tienen otra alternativa. El más pequeño tiene que madrugar y a veces se duerme en clase. Los llamados insistentes de la maestra en ocasiones no lo despiertan y su hermano tiene que dejar el zoom de su Colegio y acudir rápidamente a despertarlo. Un familiar o una vecina acuden de vez en cuando para vigilarlos y les ayudan a calentar la comida al mediodía.
La factura también la pagan los jóvenes. En Quito, Gabriela, de 24 años, tendrá que esperar al menos un año más para terminar su carrera universitaria. Los ingresos económicos de sus padres bajaron por la crisis y no tuvo recursos para inscribirse en todas las materias. Sin el título teme no poder acceder a un empleo con una mejor remuneración.
La pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha dejado a uno de cada ocho jóvenes sin acceso a la educación. Según ese mismo estudio, pese a los esfuerzos de los centros educativos por continuar la operación, el 65% de jóvenes indicó que había aprendido menos desde que inició la pandemia, el 51% dijo que su educación se retrasaría y el 9% temía no terminar sus estudios universitarios. Otros perdieron su empleo, que era la fuente de ingresos para pagar sus colegiaturas.
Es probable que este impacto en el capital humano de la actual generación de estudiantes se prolongue y conduzca a ahondar más la desigualdad y las pérdidas de aprendizaje.
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el Ecuador, que incluye el acceso a educación básica y otros indicadores, se ubicó el año pasado en el 32%, pero en el sector rural afectó al 56% de la población.
Una encuesta de las respuestas gubernamentales al covid-19 realizada por UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial (BM) muestra que solo en la mitad de países existe un monitoreo cercano del uso del aprendizaje remoto. Y en esos casos, menos de la mitad de la población estudiantil ha hecho uso efectivo del aprendizaje a distancia. Esta generación, que está -o debería de haber estado- en la escuela durante el 2020 podría perder, al menos, USD 10 trillones en ingresos futuros. El potencial de pérdida económica está vinculada a las posibles pérdidas en el aprendizaje.
El BM estima que la pobreza en el aprendizaje (es decir, la proporción de niños de 10 años que no pueden leer o entender un texto corto) podría incrementarse del 53% al 63% a escala mundial, lo que implica que 72 millones de niños adicionales podrían caer en las filas de los pobres en aprendizaje.
Amenos que se tomen medidas urgentes, es probable que los niños y jóvenes sufran impactos graves y duraderos. Las medidas para atender estos problemas requieren recursos. Para el siguiente Gobierno de Ecuador definir la inversión en la educación será uno de los retos.
Otro desafío será consolidar las políticas de empleo que, de no contar con la participación de las empresas y trabajadores en su diseño, correrán el riesgo de fracasar. Y es primordial que el plan de vacunación para maestros previsto para abril se cumpla según lo planificado.