La revisión de los subsidios a las gasolinas y al diésel efectuada este año es uno de los grandes aciertos del 2020. El sistema de bandas de precios que rige desde mayo pasado es flexible, progresivo y positivo, desde todo punto de vista.
Esta política de precios nació luego de aprender de los errores cometidos en octubre del 2019, cuando -en cadena nacional-, el Gobierno anunciaba una medida de ‘shock’ y sin mayor análisis ni diálogo: la eliminación, de un solo golpe, de los subsidios a las gasolinas y el diésel para el transporte.
La cura fue más cara que la enfermedad, ya que generó 11 días de violentas protestas que acertaron un duro golpe a la economía. Según el Banco Central, el paro produjo pérdidas por USD 821 millones. La mayor parte en los sectores de comercio, petróleo, turismo, industrias y transporte. La institucionalidad llegó casi a quebrarse.
El Gobierno tuvo que derogar la medida y abrir un diálogo para hallar un sistema de revisión progresivo. En mayo lanzó un nuevo sistema que permite que el precio de las gasolinas y el diésel fluctúe en función del mercado internacional, pero sin ajustes bruscos, pues el valor puede bajar o subir 5% máximo cada mes. El gas no se tocó.
Esta medida llegó en un buen momento, con un precio del crudo por debajo de USD 40 el barril y con un consumo de derivados restringido por efectos de la pandemia. Esta suma de factores ha generado ahorros al Estado. Entre enero y octubre, el Fisco destinó USD 350 millones para subvencionar básicamente diésel y gas importados, es decir, 701 millones menos que en iguales meses del 2019.
El mayor efecto de la política se ha visto en el diésel, que subió 34% en los últimos ocho meses, pero el sistema es progresivo y da tiempo para hallar acuerdos con transportistas públicos y de carga afectados. La política puede ser perfectible, pero sin duda debe mantenerse. El país no puede seguir beneficiando a las mafias que lucran del contrabando o al narcotráfico ni a las clases más ricas del país que son las que más consumen combustibles.