La situación legal de la exasambleísta Esther Cuesta se debatirá en el pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 27 de mayo de 2025, a las 09:00.
La jueza Daniella Camacho pidió la autorización al Legislativo para el enjuiciamiento penal de exlegisladora de la Revolución Ciudadana. La justicia busca vincularla en el caso Ligados.
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Esther Cuesta afronta la posible vinculación en el caso Ligados
La Fiscalía General del Estado busca vincular a Cuesta en el caso Ligados, en el que se investiga el supuesto delito de asociación ilícita.
En el proceso están relacionados quienes fueron autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como Augusto Verduga.
En chats revelados en la investigación se menciona a la exasambleísta, así como a Raúl González y Andrés Arauz. Las conversaciones corresponden al periodo en el que Cuesta estaba en funciones.
En la Asamblea se definirá si se da paso al enjuiciamiento de Esther Cuesta, para lo que se requiere de una votación con mayoría simple. Es decir, el apoyo de 77 de los 151 asambleístas.
¿Sin aval de la Asamblea puede haber proceso legal?
Pablo Encalada, abogado penalista, explica que dentro de la investigación del caso Ligados, la Fiscalía decidió vincular a Esther Cuesta; es decir, ella será incorporada al proceso penal.
Por tanto, la investigación, que, en principio, tenía 90 días, durará 30 más. El punto que se discute en la Asamblea, recuerda Encalada, es que la jueza pidió autorización para el enjuiciamiento.
El experto enfatiza que los jueces saben que no hace falta el levantamiento de la inmunidad legislativa, pues, esta aplica cuando los asambleístas están en funciones, “independientemente de que Esther Cuesta haya sido asambleísta cuando ocurrieron los hechos”.
Así que ella puede ser vinculada al proceso penal. En este pueden dictarse medidas cautelares si, como dice Encalada, “comete el error de huir del país”, le dictarán prisión preventiva.
De avanzar el proceso, Cuesta podría tener sentencia de privación de la libertad. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece entre 3 y 5 años.
Antecedentes del caso Ligados
La Fiscalía General del Estado impulsa una investigación contra tres exvocales del Cpccs, vinculados al movimiento correísta, Revolución Ciudadana y una vocal en funciones.
Se trata de Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, respectivamente. Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos, incluida la designación irregular de Raúl González, como Superintendente de Bancos, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
En la investigación previa, la Fiscalía General del Estado dirigió un allanamiento a la sede del Cpccs en Quito. Entre los indicios levantados están dos teléfonos celulares, dos computadores portátiles, un disco duro y documentación que estaría relacionada con los hechos investigados.
