El presidente Daniel Noboa envió el segundo proyecto de ley económico urgente a la nueva Asamblea, este martes 27 de mayo de 2025.
El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, explicó el alcance del proyecto, luego de entregarlo en documentación del Palacio Legislativo.
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El segundo proyecto de Ley económico urgente enviado por Daniel Noboa a la Asamblea
El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El proyecto contiene seis artículos, cuatro disposiciones transitorias y una derogatoria y reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Servicio Público.
Objetivo
La iniciativa legal tiene el objeto implementar mecanismos de innovación en la contratación pública, con la finalidad de optimizar el desarrollo sostenible y equitativo.
Además, erradicar la corrupción en compras públicas; mejorar la eficiencia del sector público;
y, fortalecer el tejido social, financiero y económico.
El Secretario Jurídico de la Presidencia dijo que la iniciativa legal tiene la finalidad de implementar mecanismos de innovación para la gestión pública.
Eso implica y abarca la mejora y simplificación de los procesos de compra pública.
“Actualmente, tenemos una necesidad importante, que todos los servicios públicos lleguen a la ciudadanía y para eso necesitamos servidores públicos eficientes y proceso de compra que no se caigan en el camino“, expresó.
El segundo proyecto de Ley económico urgente de Daniel Noboa habla sobre la corrupción
En la justificación del proyecto de Ley, el presidente Daniel Noboa señala que “la proliferación de casos emblemáticos de corrupción en los últimos años subraya la profundidad de la crisis”.
Casos como Metástasis, Purga y Encuentro han expuesto redes de sobornos y tráfico de influencias que involucran a altos funcionarios, jueces y empresarios, expresa Noboa, en el documento.
Esto ha “afectado directamente la adjudicación de contratos públicos en sectores estratégicos como
empresas públicas como EMCO, CNEL y aduanas“, señala.
Las denuncias presentadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) por supuesta corrupción en 2022, que sumaron 36, son un indicativo de la magnitud del problema en la gestión diaria, se cita en el documento.
Distorsión en el mercado y disminución de la inversión
En el documento se señala que la corrupción no solo implica una pérdida directa de recursos, sino que también genera una distorsión del mercado y una disminución de la inversión.
Las empresas honestas se ven en desventaja frente a aquellas que recurren a sobornos y prácticas ilícitas, lo que desincentiva la competencia justa y la innovación.
La falta de transparencia y la inestabilidad jurídica resultante ahuyentan la inversión, tanto nacional como extranjera.
Esto se traduce en menos creación de empleo, menor crecimiento económico y una precarización general de las condiciones de vida.
“La reforma es igualmente crucial para fomentar la competitividad y la participación empresarial”, añade.
Cifras del Banco Mundial
El Ejecutivo cita al Banco Mundial, según el cual, desde el 2021, el Ecuador logró atraer 29% de nuevos participantes en el sistema nacional de contratación pública.
En 2022 la cifra fue de 26% y en 2023, de 24%, evidenciándose una baja porcentual anual, que demuestra menor interés de participación en los procesos de contratación pública, lo cual afecta la competencia y tiene un impacto negativo en
los precios.
A continuación puede revisar el proyecto de ley en su totalidad:
