¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
En su primera sesión bajo la presidencia de Niels Olsen, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. Esta iniciativa fue enviada por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025, con carácter de urgencia económica.
Tras revisar el informe técnico, el CAL concluyó que el proyecto cumple con los requisitos legales y constitucionales. Por ello, lo remitió este 19 de mayo de 2025 a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valeria Centeno (ADN), que deberá presentar un informe para primer debate en un plazo máximo de 10 días.
La comisión debe remitir el informe al Presidente de la Asamblea Nacional, para que lo incluya como parte del orden del día de una sesión del Pleno. En esta sesión se desarrollará el primer debate del proyecto de ley.
Tras finalizar el primer debate, la comisión especializada tiene cuatro días para presentar el informe de segundo debate.
Este informe también debe ser incluido en el orden del día del Pleno, donde se decidirá la aprobación o archivo del proyecto. Si surgen observaciones, el texto puede volver a la comisión.
Para la aprobación o archivo del proyecto de ley con carácter de urgente económico se requieren la mayoría absoluta, es decir, 77 votos de los 151 asambleístas. Si se aprueba, el proyecto pasa al Presidente de la República para su sanción u objeción.
La Asamblea Nacional tiene un plazo total de 30 días para tratar esta propuesta, es decir, hasta el 16 de junio de 2025, explicó Martín Domínguez, docente de la Escuela de Derecho de la UIDE. En caso de que el Legislativo no se pronuncie dentro del plazo establecido, el presidente podrá promulgar la ley mediante decreto, conforme al artículo 140 de la Constitución.
El proyecto propone un conjunto de medidas fiscales, financieras y penales para enfrentar las estructuras económicas del crimen organizado. También introduce reformas legales que permitirían tipificar como delito la pertenencia a grupos armados organizados, con penas de hasta 30 años de prisión.
Además, incluye incentivos para la formalización de negocios en zonas afectadas por el conflicto armado interno, declarado por Noboa en 2024.
La ley autorizaría un régimen especial para el uso de la fuerza. Además, otorgaría al presidente la facultad de indultar a policías o militares procesados en ese contexto.
En paralelo, el Ejecutivo plantea reformas tributarias y medidas para recuperar ingresos afectados por actividades ilícitas, así como fortalecer los controles sobre el lavado de activos.
Este proyecto, el primero enviado por Noboa a la nueva Asamblea, busca reforzar la seguridad interna a través de herramientas legales, económicas y operativas.
La Asamblea Nacional tiene hasta el 16 de junio de 2025 para tratar el proyecto de ley urgente enviado por el presidente Daniel Noboa contra la economía criminal. La propuesta, con 32 artículos, busca cortar el financiamiento ilícito de bandas organizadas mediante reformas al COIP, leyes militares, de lavado de activos y tributarias.
Aunque el oficialismo tendría los votos para aprobarla, expertos advierten riesgos de inconstitucionalidad por falta de unidad de materia.
El constitucionalista Edison Guarango señala que, pese a su contenido financiero, el proyecto incluye aspectos penales que podrían vulnerar derechos como la propiedad privada y el debido proceso.
La Corte Constitucional podría intervenir si se presenta una demanda ciudadana, aunque sus efectos serían posteriores. Martín Domínguez aclara que Noboa podrá continuar el trámite en su próximo mandato, ya que fue reelecto. La lucha contra el crimen, coinciden expertos, debe respetar el marco legal.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.