La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley urgente contra la economía criminal, ahora denominada “Ley de Solidaridad Nacional” la noche de este martes 27 de mayo de 2025.
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La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley urgente contra la economía criminal, enviado por Daniel Noboa.
En las intervenciones, el asambleísta Lenín Lara Pérez (ADN) señaló que, con este proyecto, el Estado ya no se arrodilla frente a la delincuencia y las fuerzas del orden ya no están solas.
Diego Salas (RC) manifestó que el enfoque del proyecto sigue siendo punitivo, no hay una real desarticulación de la economía criminal y podría abrir la puerta al abuso y la persecución política.
El asambleísta Sergio Peña (RC) expresó que se han tomado en cuenta sus observaciones y consideraciones en el informe para primer debate y dará un voto de confianza a la Comisión.
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Steven Ordóñez, del movimiento Sur Unido Regional, describió la violencia que se vive en El Oro y dijo que hay que incorporar en el proyecto el porcentaje que se destinaría a los territorios de frontera, que son los más “complicados”.
Finalmente, Valentina Centeno (ADN) expresó que se está proponiendo un informe que busca darle paz y tranquilidad a madres de familia, comerciantes, jóvenes, policías, militares y otros.
Centeno resaltó que el proyecto une a sociedad civil, Estado y empresa privada y apoya a las fuerzas del orden.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Viviana Centeno, explicó el informe para primer debate.
Centeno sostuvo que la donación del 30% del IR por parte de la empresa privada a las fuerzas del orden puede ser en bienes muebles “o inmuebles”, con la supervisión del SRI.
Se mantienen los incentivos económicos discrecionales que puede otorgar el presidente a pequeños y medianos productores, jóvenes y otros.
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Cambios en lo penal
Entre los cambios en lo penal, se da la tipificación del delito de pertenencia a un grupo armado organizado.
Ya no solo es la participación en un delito del crimen organizado.
La pena es de 22 a 26 años y hasta 30 años si hay rol de liderazgo y financiamiento.
Se modificó los tiempos en el procedimiento penal y se aumentó hasta los 90 días, dándoles atribución a los jueces anticorrupción.
La prisión preventiva es la medida útil y eficaz en el marco del conflicto armado interno.
La aprehensión se aumenta de 24 a 48 horas.
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Que el indulto a policías y militares se pueda dar al menos después de la investigación previa.
Los allanamientos deberán tener un control posterior y deben justificarse con informes de inteligencia.
Votación a favor con el apoyo del correísmo
El informe para primer debate del proyecto económico urgente contra la economía criminal obtuvo ocho votos a favor, con el apoyo del correísmo, y dos abstenciones.
Lenín Lara Pérez, Alex Morán, Mishel Mancheno, Diego Franco y Viviana Centeno de Acción Democrática Nacional (ADN) votaron a favor.
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A ellos se unieron: Jesús David Arias y Sergio Peña del movimiento el correísmo, Revolución Ciudadana (RC), y Steven Ordóñez del movimiento Sur Unido Regional.
Las abstenciones fuero de Diego Salas y Mabel Méndez, de RC.