Resulta una miseria humana aprovecharse de la tragedia y la angustia de la gente, en medio de esta pandemia, para cometer actos de corrupción y enriquecerse, mientras se descubren a los presuntos responsables con bolsas de dinero. Eso refleja los operativos de la Fiscalía en los casos últimos que vincularían a políticos y asesores de asambleístas en presuntos negociados y compras públicas en el manejo de la salud, mientras sus titulares se llenan la boca de defensa al pueblo y otros se oponen demagógicamente a las contribuciones especiales. Cinismo rampante. Pasó en Manabí luego del último terremoto y hoy siguen en la emergencia sanitaria. Solo cambian los actores.
Otra vez el Seguro Social está amenazado en su sobrevivencia con la propuesta en el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que se tramita en la Asamblea. La profunda crisis económica heredada del correísmo, agravada por la estrepitosa caída del precio del petróleo y la paralización de las actividades productivas por el covid-19, ha llevado otra vez a la pretensión de volverle a meter la mano a los fondos de la seguridad social, de pedirle que coopere con sus recursos, que son sagrados de los afiliados y jubilados del IESS. El virus va a pasar algún día, pero no el fantasma de la continuación del proceso de muerte lenta del Seguro Social.
Los cambios radicales en todos los aspectos de la vida por la presencia del covid 19 ya no pueden discutirse sino implementarse. La emergencia obliga con urgencia y a la fuerza a las transformaciones inmediatas. No hay espacio para las dubitaciones y peor para quienes quieren seguir soñando con volver al estado de cosas que vivieran hasta que se desatara esta pandemia.
Las angustias que se viven por la tragedia sanitaria, que agrava la profunda crisis económica y que muchos ni siquiera dimensionan su real impacto, debieran llamar a una seria reflexión y al encuentro de salidas y soluciones, que no son fáciles pero hay que buscarlas de una manera responsable y consensuada. Cómo arreglar el problema y no ahondarlo, soslayando los ambiciosos cálculos político electorales y los intereses personales.
El covid-19 y el encierro obligado lleva a repasar obras de biblioteca y conectar con una realidad incierta, en medio de la pandemia y la pérdida de vidas pero también de los valores, para muchos inexistentes. Al punto que los que dilapidaron y se llevaron sagrados recursos del Estado y reciben una sentencia condenatoria, niegan la montaña de pruebas y evidencias de lo que hicieran en la organización delincuencial que se instalara en la Presidencia y que dirigiera el prófugo en Bélgica. Solo declaraciones al mundo de supuestos perseguidos políticos pero nada de descargos que debieron presentar en el proceso, que demuestren lo contrario.
Mucho daño se ha hecho al país. Con tanto dinero robado y festinado se pudo enfrentar mejor la pandemia por el covid 19, incluso los ahorros que dilapidaron hubiesen servido en esta emergencia. En medio de esta tragedia, el país y el mundo están paralizados pero los servicios fundamentales (los básicos, salud, seguridad, administración de justicia, entre otros) no pueden suspenderse jamás.
La falta de entendimiento de la población, y uno que otro político que busca protagonismo y no concibe lo que es vivir en una emergencia sanitaria nunca antes vista por la acción mortal del covid-19, ha llevado a desobedecer el control profesional, riguroso y obligado, que tienen que hacer las FF.AA. y la Policía, enmarcados en la Constitución y la ley.
Los ecuatorianos debemos estar bien conscientes del grave momento que vivimos y el impacto terrible que tendremos por los efectos del covid 19, que agrava la crisis económica y social y que no habrá fórmulas mágicas ni milagros si todos no aportamos para rehacer y reconstruir el país luego que pase esta difícil situación, que no solo es nuestra sino del planeta.
Definitivamente, el Ecuador es un país ingobernable en donde cada cual camina por su lado y se resiste a cualquier medida o sacrificio, sin reflexionar con racionalidad que al final lo que se hace, con la oposición a todo, es represar los problemas y dejar que el resto pague los platos rotos por el desastre en el manejo de la economía. Lo grave es que quienes han destrozado el país, que gobernaron los últimos años con una estructura delincuencial organizada desde la Presidencia como ha sustentado con pruebas la Fiscalía, que generaron la mayor corrupción, que se gastaron hasta los ahorros y le endeudaron al país de manera irresponsable, pretenden dar lecciones de moral y con audacia aspiran a volver al poder y para ello hacen lo imposible para que la justicia no les sentencie pese a las evidencias.
Más allá de quién tiene la razón, la situación que vive el máximo organismo electoral no puede seguir como está. Debe ser materia de preocupación de todos porque está en juego el manejo y las garantías de los próximos comicios y el respeto al voto de los ecuatorianos. En este sentido, bienvenida la mediación que se ha planteado desde una comisión cívica para encontrar una salida.
En la Asamblea se ha perdido el pudor e importa poco su imagen, ya tan deteriorada, con la corresponsabilidad de sus miembros y autoridades. A la brava, un correísta condenado por la justicia a un año cuatro meses de cárcel por haber participado de la toma de un pozo petrolero durante las protestas violentas y desestabilizadoras de octubre pasado, intentó recuperar el puesto como si fuera el dueño de la curul.
Las amenazas comunes contra la seguridad no se pueden enfrentar aisladamente. Obliga a luchar en conjunto y de manera inevitable con la ayuda de quienes tienen mayor experiencia, recursos y desarrollo. El narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y todas sus derivaciones con la presencia de bandas y otras organizaciones delincuenciales obligan a juntar esfuerzos e incluirse en una estrategia común regional para hacer frente a una amenaza transnacional que rebasa las fronteras.
Más allá de la incidencia del coronavirus, el Ecuador se encamina a los comicios presidenciales del 28 de febrero del 2021, pero los problemas económicos, sociales y de inseguridad no se arreglan sino que empeoran y ya comienza el baratillo de ofertas y la politiquería de siempre en la que cae atrapada parte del electorado por falta de la debida información y por no ejercer un voto responsable.
Los contrastes de esta justicia manoseada no cambian. Hay operadores de justicia, aunque sean pocos, que actúan con apego a las leyes y los códigos, pero existen otros que se acostumbraron a allanarse a presiones políticas, a la corrupción, y durante la anterior década a cumplir las órdenes del correísmo, cuyos rezagos aún subsisten. Allí siguen esos jueces. Cuánto costó para que se sentencie, con la evidencia de las pruebas de la Fiscalía, a quien fuera ministro y candidato presidencial, que ofreciera cortar las manos a los corruptos y resultó él uno de ellos.
Los problemas de la seguridad interna y externa deben ser abordados de una manera integral y como una política de Estado, que vaya más allá de acciones coyunturales. Las amenazas están latentes por el crimen organizado transnacional, la presencia de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al narcotráfico y a grupos irregulares armados, muchos instalados en el vecino del norte y que pasan a nuestro territorio. Incluso, con conexiones con el país centroamericano que hoy da protección y asilo a correístas prófugos de la justicia.
Los accidentes de tránsito en el país han vuelto, con saldos lamentables de muertos, heridos y personas que quedan en discapacidad. Los hechos se recrudecieron a fines del año pasado e inicios del 2020. Todo por culpa de la impericia de irresponsables que van al volante, sean de transportación pública o particular, muchos de los cuales conducen con el uso del celular y luego se fugan, o la falta de eficacia en los controles de seguridad, que debieran ser preventivos, oportunos y mucho más rigurosos.
Bien se suele decir que no habrá cambios institucionales en una sociedad si primero no existen cambios personales y una transformación educativa profunda. Por allí empezaron pequeños países hasta contar con estándares e indicadores mundiales de desarrollo humano, educación, salud, seguridad, transparencia y honestidad; no impunidad y sanciones a los actos de corrupción; competitividad hasta ubicarse en los primeros lugares del planeta.
Esa fue la expresión pública del prófugo en Bélgica contra los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cuando ejerciera el poder de manera abusiva. Comparó a esta institución con Vachagnon, empresa que recolectaba la basura en Guayaquil, cuando había pedido medidas cautelares a favor de tres perseguidos políticos del régimen correísta, sentenciados por jueces que actuaban sumisos bajo la orden del autoritario. Ni siquiera hizo caso aquellos dictámenes y se burló como acostumbraba.
Ni la derecha ni la izquierda han podido solucionar los problemas sociales y económicos en América Latina. No han logrado resolver las condiciones acuciantes de la mayoría y han profundizado los niveles de inequidad, lo que constituye una bomba de tiempo a estallar.
Más allá de los discursos políticos y los argumentos sin respaldos, la Fiscalía del Estado durante la actual etapa ha impulsado con decisión procesos delicados dentro de su tarea de investigación penal, en contraste con las administraciones anteriores. Más aún, cuando se tratan de casos escandalosos de corrupción ocurridos en el gobierno pasado, que poco a poco demuestran las irregularidades que esfumaron ingentes recursos, en contraste con las grandes necesidades económicas que tiene hoy el país. Lo difícil resulta recuperar los dineros robados.