En la Asamblea se ha perdido el pudor e importa poco su imagen, ya tan deteriorada, con la corresponsabilidad de sus miembros y autoridades. A la brava, un correísta condenado por la justicia a un año cuatro meses de cárcel por haber participado de la toma de un pozo petrolero durante las protestas violentas y desestabilizadoras de octubre pasado, intentó recuperar el puesto como si fuera el dueño de la curul.
Con gritos y forcejeos protagonizados con sus coidearios, que confirma la prepotencia y atropellos físicos y legales con los que actuaran cuando ejercieran el poder, irrumpieron sobre la Escolta Legislativa y pretendieron tomarse por la fuerza la sesión de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.
Ni la sentencia le ha servido al condenado para por lo menos actúe con recato y no repita la toma de un servicio público por lo que fuera sentenciado a la cárcel, pero que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia con benevolencia, como si aquí no hubiese pasado nada, le concediera su libertad condicional. Este personaje ni siquiera ha respetado su condición de sentenciado con la suspensión condicional de su condena por paralización de servicios públicos.
La Fiscalía había acusado a nueve ciudadanos por ingresar de forma violenta a instalaciones de Petroecuador en la Amazonia y de haber obligado a sus técnicos a paralizar el Oleoducto. Esa interrupción, según el Ministerio Público, duró más de dos horas, lo que impidiera el bombeo de 31.286 barriles, que ocasionara un perjuicio al Estado de más de 1,7 millones USD.
Bien ha hecho otro asambleísta en solicitar al Procurador General, como abogado del Estado, que pida al Tribunal de la Corte que sustanciara la causa que tome medidas legales, en vista de que el condenado ha reincidido en acciones violentas, a pesar de que por lo menos debía abstenerse luego de su condena y de obtener su libertad que es condicional.
Ahora le toca actuar al Consejo de la Administración de la Legislatura, cuando retornen de la vacancia, porque no se puede pasar por alto estos hechos ni que un condenado intente imponerse a la fuerza, sin ninguna resolución de por medio.
La Asamblea tiene muchas deudas pendientes con el país, de lo cual debieran preocuparse. Se espera el trámite y aprobación de varios proyectos, entre ellos del Código de Seguridad, el Código de la Salud, las reformas laborales y al seguro social. Ya nos olvidamos del proyecto de Ley de Extinción de Dominio y de otras acciones concretas para enfrentar con éxito la corrupción y recuperar tanto dinero robado. En fiscalización ni siquiera pudieron dar paso al pleno del juicio político a la presidenta del CNE, lo que no implicaba ninguna condena sino la oportunidad para conocer el manejo del sistema electoral, que ha sido cuestionado.