Los accidentes de tránsito en el país han vuelto, con saldos lamentables de muertos, heridos y personas que quedan en discapacidad. Los hechos se recrudecieron a fines del año pasado e inicios del 2020. Todo por culpa de la impericia de irresponsables que van al volante, sean de transportación pública o particular, muchos de los cuales conducen con el uso del celular y luego se fugan, o la falta de eficacia en los controles de seguridad, que debieran ser preventivos, oportunos y mucho más rigurosos.
Según una investigación de EL COMERCIO, las dos últimas semanas de diciembre último y los primeros días de este año se registraron accidentes que dejaron al menos 17 muertos y más de 40 heridos. De acuerdo con la información oficial, 30 de 365 compañías de buses están bajo vigilancia especial, lo que implica el sometimiento de las unidades a una revisión y los conductores a control y capacitación. De enero a noviembre del 2019 se registraron 22 248 accidentes en el país, que dejaron 1 944 muertos y 11 284 heridos con algún tipo de lesión.
Los controles mejoraron con el Centro de Monitoreo de la ANT, equipado con pantallas y computadoras, que vigila a miles de buses intra e interprovinciales. Sin embargo, resultan insuficientes y no se hacen de manera completa. No debiera permitirse jamás que salgan de viaje sin el funcionamiento del ciento por ciento de los cinturones de seguridad. Eso no se hace con todas las unidades ni cooperativas. Basta verificarlo (unidad 38 de Transesmeraldas).
Lastimosamente, los usuarios no tienen la cultura de usar los cinturones ni tampoco reclamar por el mal funcionamiento. Si la ANT revisara todas las unidades de las cooperativas encontraría que no están totalmente habilitados. La Policía Nacional, que contribuye con los controles, tampoco hace tareas más exhaustivas. Realiza los cacheos en determinados puntos (uno en San Mateo cuando se sale de Esmeraldas) pero a los pasajeros se les hace bajar de la unidad para realizar este procedimiento pero no suben a las unidades para verificar si sirven todos los cinturones.
¿Cuándo se aplica en su totalidad (no sirve de nada hacerlo a medias) la Ley de Transporte Terrestre? Hay tantas disposiciones incumplidas. Una de ellas: el art. 4 dice que es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y privados en todos los niveles, temas relacionados con la prevención y la seguridad vial. Incluso, la ley dispuso en el 2008 (transitoria quinta) que en el plazo máximo de 6 meses, la Comisión Nacional de Tránsito y el Ministerio de Educación incorporarán en los planes de educación estos temas, algo también incumplido.