La falta de entendimiento de la población, y uno que otro político que busca protagonismo y no concibe lo que es vivir en una emergencia sanitaria nunca antes vista por la acción mortal del covid-19, ha llevado a desobedecer el control profesional, riguroso y obligado, que tienen que hacer las FF.AA. y la Policía, enmarcados en la Constitución y la ley.
Hay que estar claros: al vivir en estas condiciones extremas, en donde se demanda la obligada colaboración de todos, sin distinción, existe irresponsabilidad social que no quiere entender la gravedad de la situación y hoy se quejan de los controles que se están haciendo. Se explica, especialmente en sectores de extrema pobreza por su crítica situación y eso demanda una atención urgente del Estado, pero no se justifica que a pretexto de ello se ponga en riesgo la vida de todos por el rápido contagio mortal del virus.
Es verdad que como en toda actividad humana pueden deslizarse errores, que son aislados. Jamás puede haber una directriz o una orden para que actúen de una manera inadecuada. Los hechos ocasionales son condenables. Sin embargo, por sobre eso está el bien superior que es proteger la vida de todos. Eso justifica el uso progresivo de la fuerza, más aún cuando persiste la irresponsabilidad social, el desafío de unos en desmedro del resto, que está amenazando a toda la población.
Resulta una obligación el uso progresivo de la fuerza, pero, ¿hasta qué extremo? Hasta lograr las indispensables condiciones de garantizar la integridad de toda la colectividad y para eso están las FF.AA. Hay que estar conscientes que el estado de excepción, decretado por el Presidente, limita los derechos (no todos), y tuvo dictamen favorable de la Corte Constitucional, que hizo algunas exhortaciones en el sentido de que algunos de ellos que no fueron suspendidos expresamente en el decreto permanecen vigentes, pero también llamó a los ciudadanos a acatar la Constitución y las decisiones legítimas de las autoridades competentes.
El decreto suspendió los derechos a la libertad de tránsito, de asociación y de reunión para que sea eficaz la cuarentena comunitaria. No puede haber discrecionalidad en esto. Empero, hay gente irracional, no necesariamente pobre, que desafía al estado de excepción y el toque de queda y pone en riesgo a todos.
Más allá de las críticas que se han formulado por el uso progresivo de la fuerza, el desacatamiento del estado de excepción y del toque de queda obliga a la fuerza pública a actuar con cuidado pero con firmeza, caso contrario se puede ir de las manos el control. Tomen conciencia que está en juego la vida del resto. No puede ser que el número de personas que violan las normas vaya casi a la par de los contagiados. Es hora de la entereza y la tenacidad para salvaguardar la vida de los ecuatorianos.