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El peor virus, la politiquería

Más allá de la incidencia del coronavirus, el Ecuador se encamina a los comicios presidenciales del 28 de febrero del 2021, pero los problemas económicos, sociales y de inseguridad no se arreglan sino que empeoran y ya comienza el baratillo de ofertas y la politiquería de siempre en la que cae atrapada parte del electorado por falta de la debida información y por no ejercer un voto responsable.

Una de las preocupaciones es la inseguridad y el terror que se ha sembrado con los asesinatos a plena luz del día. Parte del problema se atribuye a extranjeros como protagonistas de los hechos. Según EL COMERCIO, de todos los presos en el país, el 7,5 % representa a ciudadanos de 60 nacionalidades. En abril del 2019 había 390 venezolanos detenidos y para diciembre casi se duplicó: llegó a 733.

No se trata de estigmatizar ni generar xenofobia porque al país han llegado buenos ciudadanos pero también malos, con antecedentes penales. Unos han venido a ocupar fuentes de empleo en medio de la escasez y otros a sembrar miedo. Hay una realidad instalada de inseguridad que no se puede ocultar y que obliga a tomar medidas inmediatas.(Legislativo y Ejecutivo).

La deformación es parte de lo que la nefasta revolución ciudadana introdujo disposiciones en la Constitución (art. 40) cuando habla de la movilidad humana: “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”.

Qué pasa con aquel que llega sin papeles en regla y que haya tenido antecedentes penales en su país. Por ello hace poco el gobierno peruano expulsó al quinto grupo de venezolanos (más de 130), detenidos e implicados en una serie de delitos.

Este es uno de los tantos problemas irresueltos y que los pre candidatos presidenciales comienzan a ofrecer con demagogia cualquier cosa, sin precisar cómo van a arreglar cada uno de ellos. Pura promesa cuando la realidad obliga a tomar medidas con responsabilidad porque su postergación agrava la situación y deja la solución para el futuro, sin reparar que pueden llegar al poder.

No dicen cómo piensan generar nuevas fuentes de trabajo, el principal problema y que tiene a cinco millones sin empleo pleno. Saben que eso parte de la generación de seguridad jurídica, confianza para los buenos inversionistas y reglas claras para que se cobre mejor los impuestos.

Qué decir de la cuestionada administración de justicia, que actúa sospechosamente timorata con quienes han ocupado altos cargos y que les ponen penas mínimas de un año, que no se compadecen con los hechos cometidos, en contraste con aquel que se robó un celular o el que actuó públicamente en forma impúdica y que les ponen 8 o 9 años. El combate a la corrupción es tibio y lento, sin resultados contundentes ni recuperación de lo robado.