Las amenazas comunes contra la seguridad no se pueden enfrentar aisladamente. Obliga a luchar en conjunto y de manera inevitable con la ayuda de quienes tienen mayor experiencia, recursos y desarrollo. El narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y todas sus derivaciones con la presencia de bandas y otras organizaciones delincuenciales obligan a juntar esfuerzos e incluirse en una estrategia común regional para hacer frente a una amenaza transnacional que rebasa las fronteras.
A propósito de la reciente visita del Presidente a EE.UU. y su encuentro con el mandatario norteamericano, se abren nuevas posibilidades de ayuda en diversos campos y de manera especial en seguridad y defensa, que puede ser muy valiosa para afrontar estos males. Por ello hoy se habla de la necesidad de impulsar una seguridad cooperativa, porque además este no es un problema exclusivo militar ni policial sino de amenazas contra la institucionalidad democrática y la gobernabilidad.
Solo los sesgos ideológicos de los que se autoproclamaron revolucionarios, que saquearon al país durante diez años del correísmo, llevaron a cortar la ayuda extranjera, de la que un país como el nuestro no se puede sustraer. Eso llevó a un debilitamiento intencional en la seguridad externa, pese a los esfuerzos profesionales que hacen las FF.AA. Sin embargo, esta tarea demanda ingentes recursos materiales y humanos, con los que hoy se cuenta limitadamente. Angostura (2008) y San Lorenzo y Esmeraldas (2018) fueron dos pruebas evidentes de nuestras debilidades.
En el país se sigue esperando que despierte la Asamblea, hoy más difícil en un año electoral, que tiene pendiente la aprobación del Código Orgánico de Seguridad, que contiene cinco libros sobre la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la gestión de riesgos, la Inteligencia Militar.
Pero no es solo eso. Se suman las acciones deliberadas para debilitar la institucionalidad, no solo en el campo de la defensa sino hasta en la seguridad social, que ha deteriorado y ha puesto en una situación difícil de sostenibilidad. Así se aprobó y se puso en vigencia (octubre 2016) la mal llamada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA. y la Policía Nacional. Han pasado más de tres años y el problema no ha sido corregido sino que mes a mes empeora. Hoy lo que se hace es poner parches para poder pagar pensiones con recursos propios hasta que el Estado haga las transferencias, raspando la olla de la caja fiscal.
Una obra de un nefasto ministro, hoy prófugo de la justicia, que contó con la anuencia de mandos militares débiles, sin liderazgo, que se allanaron silentes ante esta intención de destruir a la institución, aunque sí hubo voces valientes pero aisladas. Allí están los resultados y no hay visos de solución.