El ‘boom’ minero que vive América Latina por el alza de la demanda y de los precios internacionales está siendo resistido por manifestaciones de las poblaciones afectadas en defensa del medioambiente y de la contaminación del agua.
De México a la Patagonia, varios megaproyectos se han frenado por la oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno (ver infografía). Ello, a pesar de los estudios de impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los mensajes de creación de empleo.
En ocasiones, para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques con fauna y flora o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
Las ambientalistas critican los millones de litros de agua necesarios para el trabajo de una mina.
Un ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas Ngöbe-Buglé y el Gobierno, por un yacimiento de cobre de 17 millones de toneladas, ha dejado en una semana dos muertos.
En Perú, tras semanas de disturbios, el proyecto Conga, de USD 4 800 millones, quedó suspendido para revaluar el estudio ambiental de la firma Yanacocha.
En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas por una manifestación que buscaba impedir que siga la explotación en Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el norte del país.
En Argentina es emblemática la localidad de Famatina (1 300 km al noroeste de Buenos Aires), que logró suspender dos proyectos auríferos. También hay proyectos paralizados en Costa Rica y Colombia. Según el Observatorio de Conflictos Mineros, en América Latina se registran más de 120 disputas en el sector minero.
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