El ovillo rodó en Guayaquil con una alcaldesa que, de forma inédita, puso en entredicho las reglas que vetan a las mujeres por maternidad o estado civil en medio del pecado de ser ‘reina de la ciudad’. Y se deshilvanó en Latacunga y Quito con un alcalde que suspendió y otro que eliminó la elección de ‘soberana de la ciudad’.
La protección a la niñez también debiera pasar por los atriles. Un Secretario de Estado, con urgencia por desenchufar vínculo entre grupos armados de Colombia y el secuestro de una niña de 12 años en Cascales, Sucumbíos, ha inculpado por la desaparición de la pequeña a un hombre que la dobla en edad y ha asegurado que, si bien es un delito, sería un ‘hecho de orden familiar’, porque aquel es su ‘pareja’ y ‘padre’ del nonato que ella lleva en el vientre.
El secuestro de 12 personas en Tarapoa, Ecuador, fue perpetrado sábado, pero en la sala de redacción no hubo dudas: un equipo periodístico de EL COMERCIO se desplazó desde Quito hasta la frontera norte con Colombia. Esa cobertura, que se extendió por los tres meses siguientes de 1999 hasta la liberación de los últimos cautivos (siete canadienses y un estadounidense), no dependió de voceros oficiales, fue autónoma, de campo.
La migración de personas sin documentos desde Latinoamérica hacia América del Norte es controlada por el crimen organizado. El primer estudio global del contrabando de migrantes publicado el 13 de junio del 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) lo documenta.
En Ecuador “no hay independencia a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango”.
Junio 2 del 2018. Un preso murió y 11 resultaron heridos en el pabellón de ‘máxima seguridad’ de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Junio 5. Tres internos fueron asesinados, tres terminaron en terapia intensiva y una veintena, heridos en la cárcel de Esmeraldas. Junio 5. La vida de un hombre fue segada en la cárcel de Latacunga.
Los comensales compartían bebidas calientes y panecillos en las mesas del restaurante del norte de Quito hasta que, como lo habían ensayado desde hace meses, se levantaron y redujeron al extranjero, quien, rodeado, pidió que prepararan un sánduche para su acompañante. La captura del entonces cabecilla del cartel del Norte del Valle, en abril del 2010, era solo una página en la historia del narcotráfico en esa isla de paz llamada Ecuador.
Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, pregunté inútilmente. No, nada.
Cuando los pilotos de Estados Unidos partían con avionetas AT-802 del aeropuerto La Florida de Tumaco a descargar 802 galones de glifosato sobre terrenos con hoja de coca en Nariño, la Sección de Asuntos de Narcóticos de EE.UU. (NAS) ya admitía el desplazamiento de cultivos ilícitos en Colombia.
La cobertura de la violencia exige responsabilidad. El secuestro de un equipo de prensa de EL COMERCIO ha corrido el velo, a este lado de la frontera, de la existencia de medios de comunicación fuera de Ecuador sin códigos en la materia, convertidos en cajas de resonancia de los actores de violencia. Pero también ha puesto sobre la palestra la importancia de desplegar periodistas a zonas de conflicto.
El secuestro de un equipo periodístico es una mala noticia para la democracia. Los periodistas existen para contar lo que el poder (público, privado o fuera de la Ley) intenta ocultar y, en ese marco, buscan la construcción de una sociedad con un ejercicio de derechos pleno.
Para circular por el interior de la alambrada, entre vías asfaltadas con señalética en inglés y paradas de autobús importadas, era mandatorio sortear el riguroso filtro de la Policía del Comando Sur y ser acompañado por militares boinas negras, en Manta.
No falta espacio para acallarlas, por ejemplo al difundir un video denigrante de una pareja el mismo 8 de marzo y compartirlo como cromo; al repartir en chats de ‘amigos’ fotos (memes) que las cosifican por su apariencia y ‘roles históricos’; al desechar sus ideas con etiquetas tales como ‘feminazi’ para dar por cerrados debates dignos de mejor suerte; al violentarlas día a día como causa natural.
Que un Fiscal General muestre en rueda de prensa una grabación obtenida sin orden judicial, con las voces del principal personero del Parlamento y de un prófugo de la Justicia, y que un Presidente de la Legislatura muestre en rueda de prensa un informe no oficial de Contraloría, con una auditoría de gastos reservados, son la cruda exhibición del deterioro institucional de un país donde la corrupción causa menos mella entre la gente que el chisme.
Angie Carrilo, 19 años, embarazada, fue reportada desaparecida en Riobamba el 28 de enero del 2014. Su madre Yadira Labanda lo denunció y la respuesta de las autoridades fue: ‘Ya ha de regresar con su bebé’.
El dinamitazo en un cuartel policial de San Lorenzo zumba en la cabeza y es entendible: el primer atentado con coche bomba en Ecuador, 28 personas con heridas, 37 casas destruidas.
El profesor de una escuela primaria de Quito tocó y fotografió desnuda a una estudiante de 11 años. Fue detenido por ‘atentado al pudor’, pero 16 meses después un magistrado pidió sancionar a los tres jueces que se habían negado a ordenar la libertad de aquel perpetrador.
Los 30 años sin Carlos Santiago y Pedro Andrés, sin respuestas, sin los Restrepo son una llaga abierta de la sociedad ecuatoriana; la llaga de la impunidad de los crímenes de Estado.
Desde Ginebra hubo reiterados pedidos hacia Ecuador para que el Estado, administrado por el colectivo ‘revolución ciudadana’, investigara y rindiera cuentas de una tragedia: las violaciones sexuales a niños en el sistema escolar.
Desde 2015, ministros y embajadores de Ecuador pasan vergüenza en Ginebra cada vez que acuden a comités que velan por los derechos humanos en las Naciones Unidas. En las sesiones, el país es señalado, mal, por criminalizar el aborto en casos de violación.