Que un Fiscal General muestre en rueda de prensa una grabación obtenida sin orden judicial, con las voces del principal personero del Parlamento y de un prófugo de la Justicia, y que un Presidente de la Legislatura muestre en rueda de prensa un informe no oficial de Contraloría, con una auditoría de gastos reservados, son la cruda exhibición del deterioro institucional de un país donde la corrupción causa menos mella entre la gente que el chisme.
Dato de referencia: Los ecuatorianos consideran que la corrupción en el país saca un 7 sobre 10, siendo 10 lo más corrupto, solo por encima de Uruguay y de Chile (donde los promedios son de 6/10) y por debajo de los demás países de América Latina: Venezuela saca 8/10 para los venezolanos, al igual que Honduras, Guatemala, Perú o Colombia, para sus ciudadanos. Los datos son del último Latinobarómetro, de enero del 2018.
Sí. Solo el 6% de la población ecuatoriana considera que el principal problema del país es la corrupción (la economía, el desempleo, la delincuencia son temas más acuciantes entre los habitantes).
Tal vez eso explique la displicencia de los funcionarios pero, señores, no la justifica. Sin transparencia no hay democracia. Es deseable no solo que brote toda la pus, sino que las autoridades, una a cargo de dirigir la investigación penal y otra la fiscalización, actúen con base en las obligaciones que asumieron y siguen escritas en la Constitución.
De lo contrario, el choque de trenes de autoridades tales solo tiene guiño de vendetta y pone en crisis la credibilidad institucional.
Lo positivo, sin embargo, es que esa descarga, de lado y lado, es la mecha de ovillo para investigaciones impostergables. Una es la desclasificación de la teoría del golpe el 30 de septiembre del 2010. Siguen impunes muertes y capturas de personas sin razón, entre la imposición de una verdad oficial y la persecución a quienes la cuestionaban. ¿Cuánto costó esa propaganda?
Que el roce de poderes tampoco sea una nube para la transparentación de los gastos reservados políticos en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) ni para la develación de los vínculos entre altos dignatarios y la corrupción.
Sí, un 46% de ecuatorianos está dispuesto a pasar por alto la corrupción a cambio de obras (Latinobarómetro 2016). Pero ya sin una verdad única (la de la propaganda) es tiempo de exigir cuentas y de enmendar al país.