Dimitri Barreto P.

Crímenes en las cárceles: Vigilar y castigar

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Junio 2 del 2018. Un preso murió y 11 resultaron heridos en el pabellón de ‘máxima seguridad’ de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Junio 5. Tres internos fueron asesinados, tres terminaron en terapia intensiva y una veintena, heridos en la cárcel de Esmeraldas. Junio 5. La vida de un hombre fue segada en la cárcel de Latacunga.

Esos crímenes, en cuatro días, develan la violencia enclaustrada en ese sistema de rehabilitación social que la revolución ciudadana ha vendido como moderno, pero de cuya realidad interna la sociedad solo conoce -desde hace seis años- a través de la propaganda y la crónica roja. Ese sistema preocupa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un poco de historia. En 2011, los ecuatorianos fueron a las urnas -por los casinos, las peleas de gallos- y aprobaron el confinamiento indefinido de los prisioneros sin sentencia. Sí, castigar es popular. Ecuador tenía 13 000 presos en 2011 y 36 441 en 2017. ¿Y los detenidos que son inocentes?

En 2016, el Comité de DD.HH. de la ONU alertaba sobre las vejaciones a los visitantes de los prisioneros en el país. Había un Estado de vigilancia invasiva donde todo estaba bajo sospecha. La construcción de cárceles, como la de Latacunga (para clausurar la de San Roque en Quito), los blusones naranjas y los circuitos cerrados de video no solucionaron problemas como hacinamiento (42% de sobrepoblación en 2017), torturas y crímenes.

En 2017, el Comité Contra la Tortura de la ONU fue puntual. Exhortó al Estado ecuatoriano a investigar con imparcialidad los crímenes en presidios “a fin de determinar cualquier posible responsabilidad de los funcionarios”, e instó al Estado a presentar pistas detalladas de las muertes de personas bajo custodia “desglosadas por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad y causa”.

De hecho, el Comité pidió a Ecuador que diera “amplia difusión” a su informe, mientras espera respuestas. Sí. La secuencia de crímenes en las cárceles evidencia que el sistema de rehabilitación cruje; asumirlo evitará la impunidad.