Desde Ginebra hubo reiterados pedidos hacia Ecuador para que el Estado, administrado por el colectivo ‘revolución ciudadana’, investigara y rindiera cuentas de una tragedia: las violaciones sexuales a niños en el sistema escolar.
20 de enero del 2011. El Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas expuso en un informe su “más profunda consternación ante la numerosa y concordante información recibida sobre la magnitud del problema de los abusos y la violencia sexual de menores en los centros educativos de Ecuador”.
Entonces, cuatro años cumplidos de los 10 de gobierno de Rafael Correa, “dada la gravedad de los hechos”, el Comité urgió al Estado ecuatoriano para que “tome todas las medidas necesarias para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables”. Y pidió que “le facilite información” en un año.
¿Se mantuvo oculta una tragedia? 20 de enero del 2017. El Comité Contra la Tortura de la ONU reiteró la observación hecha seis años atrás (investigar, enjuiciar y castigar) y “lamentó” no contar con “datos estadísticos oficiales sobre el número de denuncias investigadas, así como el número de enjuiciamientos y condenas impuestas”. Seis años.
El Comité Contra la Tortura de la ONU escribió en su informe dirigido al Estado ecuatoriano que entre 2012 y 2014 se registraron 343 denuncias por delitos sexuales en centros educativos. ¿Y las investigaciones?
12 de diciembre del 2017. El Ministerio de Educación reveló 181 expedientes de abuso sexual contra profesores que habían sido archivados desde el 2014. ¿Archivados? ¿181 sumarios de abuso sexual a niños fueron cerrados en un despacho gubernamental?
Las carpetas, reabiertas, están en la Fiscalía. Allí ya hay 714 denuncias de delitos sexuales contra estudiantes; seis de cada 10 victimados por docentes. 7 de diciembre del 2017. El plazo para que Ecuador informe al Comité concluyó. Los hechos son graves. ¿Los artífices del silencio e impunidad saldarán cuentas o sus nombres solo se empolvarán en otro escritorio?