El Ecuador ha vivido procesos de desinstitucionalización desde 2011. Ese año el presidente de la República, violando la ley, firmó el decreto 813. Estableció la figura de “renuncia voluntaria obligatoria”. Miles de técnicos de carrera con experiencia fueron despedidos. Ellos aseguraban la prestación de servicios en salud, educación, agricultura, etc.
Ni el poder judicial, ni la Asamblea Nacional, ni la Corte Constitucional hicieron nada por impedir. Según Plan V, en el sector salud se despidió a unos 14.000 profesionales especializados. Es la causa de los problemas en salud hoy. En educación, se despidió a personal técnico en pedagogía. Fue reemplazado con: economistas, abogados, administradores de empresas, etc. Su mérito asistir a contramarchas organizadas por el gobierno.
Hasta 2011, en el Ministerio de Educación, existía un ministro, un subsecretario y diez directores nacionales. A partir de enero de 2012 con el “Estatuto Orgánico Institucional por Procesos del Ministerio de Educación”, se ha creado varios viceministerios, 9 subsecretarías, 50 direccionales nacionales y coordinaciones, asesorías, etc. Se gastó millones de dólares en equipos de asesores: mejicanos, cubanos, venezolanos, españoles, argentinos, colombianos, etc. Hace 25 años, según las evaluaciones, un 30% en matemáticas, el 55% en lectura, tenían un nivel satisfactorio. Luego del gasto millonario y la inflación burocrática, según el último informe de INEVAL del 2018, solo el 29% en matemáticas, el 42% en ciencias y el 45 % en lectura tiene un nivel satisfactorio. Estamos peor que hace 25 años.
La juventud ecuatoriana necesita conocer la historia para juzgar a sus gobernantes y proponer una Plan de Estado para largo plazo. Los que destruyeron la institucionalidad la justicia, la salud, el IESS, la educación, etc., no merecen regresar a gobernar. Se requiere estadistas, no caudillos populistas. El gobierno debe disminuir el nivel jerárquico superior e incrementar técnicos en las instituciones.