Actualmente, Ecuador tiene un déficit de energía de 1 080 megavatios (MW). Esto, junto a la sequía por la que atraviesa la región, ha obligado a programar cortes de luz en todo el país. Está previsto que desde el 23 al 26 de septiembre del 2024 se suspenda el servicio de energía por períodos de dos a cuatro horas durante las noches de esos cuatro días.
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Legislación para atraer inversiones
En medio de esta crisis, las autoridades del Gobierno de Daniel Noboa han reconocido que el país necesita de la inversión privada para solventar la falta de energía. E incluso presentó la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que fue promulgada el 11 de enero de 2024.
Esta normativa busca incrementar la oferta de generación eléctrica, optimizando los recursos públicos asociados a este sector e incentivar la inversión privada.
Sin embargo, esta Ley aún no convence al sector privado. Para Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, la nueva normativa es una reforma a la Ley de Servicio de Público de Energía Eléctrica y no es suficiente para atraer inversiones del sector privado.
Cambios en la normativa
Y aunque la ley tiene algunas cosas positivas, ya que permite que el sector privado invierta no solo en la generación de energía, como ya se contemplaba, sino también en la transmisión, distribución y comercialización eléctrica, no marca la diferencia, señaló Aspiazu.
El tema relacionado con las tarifas es el principal inconveniente para atraer inversión privada. Aunque en la norma, por primera vez, se permite que las tarifas eléctricas incluyan no solo el costo de generación, sino también la amortización de las inversiones realizadas, aún mantiene restricciones que limitan la libre competencia en el sector eléctrico.
Específicamente, esta Ley prohíbe acuerdos directos entre generadores privados y consumidores para pactar tarifas. Actualmente, el Estado regula estas tarifas y limita la eficiencia competitiva del mercado.
Por su parte, para el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, la nueva Ley establece un marco normativo claro y seguro para incentivar la inversión privada en proyectos de energías renovables no convencionales.
Desde su aprobación, se han emitido diversas regulaciones que otorgan seguridad jurídica a los inversionistas, facilitando la implementación de proyectos de distintas tecnologías y tamaños. Anteriormente, los procesos burocráticos y los plazos prolongados desincentivaban las inversiones, pero hoy en día los contratos con el Ministerio y distribuidoras ya están reglamentados, permitiendo a los privados avanzar de manera más ágil y con mayor certidumbre. Los inversionistas ahora cuentan con plazos manejables y trámites simplificados, aseguró.
Inversiones privadas estancadas
El paquete de 800 megavatios de energía renovable no convencional incluye varios proyectos que fueron adjudicados desde diciembre de 2020. Pero hasta septiembre de 2024 ninguno de ellos ha comenzado su construcción. Se trata del proyecto de generación eléctrica: Eólico Villonaco III, en Loja, y fotovoltaico El Aromo, en Manabí.
Según el Plan Maestro de Electricidad de 2018, estos dos proyectos debían estar operando en 2022, debido a que son clave para el desarrollo energético del país. Sin embargo, los retrasos en su implementación se deben a problemas de financiamiento y dificultades con la legislación vigente.
¿Qué está haciendo el Gobierno para solventar la crisis energética?
Para solventar la crisis energética, el Gobierno busca incorporar 1 361 MW lo antes posible, ente estos casos como el alquiler de dos barcazas de generación flotante, compra de unidades de generación en tierra, repotenciación de termoeléctricas, entre otras.
La solución más pronta es el alquiler de embarcaciones de generación. El resto de soluciones, se prevé que estén listas en el primer trimestre del 2025.