El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa de impulsar una reforma constitucional para modificar el artículo 5 de la Constitución ha impulsado un debate necesario en Ecuador. El artículo prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y permitió el cierre de la base estadounidense en Manta. No obstante, la realidad del país ha cambiado, y la propuesta del Ejecutivo apunta precisamente a responder a esas nuevas amenazas.
Desde que en 2009 se puso fin a la presencia militar estadounidense en Manta, el contexto regional e internacional ha evidenciado que la simple ausencia de bases extranjeras no garantiza una mayor autonomía ni seguridad. El Ejecutivo ha sido claro en este punto: la retirada de las tropas estadounidenses no trajo la soberanía esperada. Por el contrario, afirma que Ecuador se ha vuelto más vulnerable ante amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.
La propuesta de reforma impulsada por el Gobierno no puede ser vista como una simple cuestión de presencia militar extranjera. Se trata de un tema mucho más amplio que involucra la seguridad de los ciudadanos y la capacidad del país para hacer frente a las amenazas del crimen organizado.
El presidente utiliza un lenguaje contundente al señalar que la salida de las fuerzas estadounidenses de Manta fue, en sus palabras, “el primer pacto con el crimen transnacional”. Esta afirmación, aunque polémica, resalta una realidad innegable: el aumento de la criminalidad y el narcotráfico en el país ha puesto en jaque la seguridad ciudadana. En este sentido, plantea que el debate sobre la soberanía no debe centrarse únicamente en la presencia de bases extranjeras, sino en la capacidad del país para enfrentar amenazas que no respetan fronteras.
En este escenario, la cooperación internacional en materia de seguridad no solo es deseable, sino necesaria. La pregunta es si esa cooperación debe incluir la presencia física de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano. Para el Ejecutivo, la respuesta es afirmativa, siempre y cuando se establezcan los controles y acuerdos necesarios para proteger la soberanía nacional.
El proyecto de reforma presentado ante la Corte Constitucional para su control constitucional es un primer paso en lo que seguramente será un largo y complejo proceso. Sin embargo, el verdadero debate se desarrollará en la arena política y social, donde se deberán sopesar los riesgos y beneficios de la medida.
La propuesta de reforma impulsada por el Gobierno no puede ser vista como una simple cuestión de presencia militar extranjera. Se trata de un tema mucho más amplio que involucra la seguridad de los ciudadanos y la capacidad del país para hacer frente a las amenazas del crimen organizado.
