Este lunes, 7 de octubre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Plaga, en la que Hugo A. H., procesado por presunta delincuencia organizada, solicitó el cambio de la prisión preventiva que se le impuso. La audiencia contó con la presencia telemática de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez.
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Durante la audiencia, la fiscal Diana Salazar argumentó que no existían justificaciones ni nuevas circunstancias que avalen una sustitución de las medidas cautelares impuestas, solicitando que se rechace el pedido del procesado.
El juez a cargo del caso, Pablo Loayza, acogió el pedido de la Fiscalía y rechazó la solicitud de revisión de medidas cautelares planteada por Hugo A. H., ratificando la prisión preventiva en su contra.
Destituciones de jueces involucrados en el caso Plaga
El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó el 3 de octubre de 2024 a cinco jueces y una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de las acciones dentro del caso Plaga.
Estos funcionarios están siendo investigados por presuntamente haber favorecido a personas procesadas penalmente, a cambio de sumas que alcanzan los 60 000 dólares. La Fiscalía también ha señalado que estas acciones están vinculadas a delitos de delincuencia organizada.
Los jueces destituidos pertenecen en su mayoría a Santo Domingo de los Tsáchilas, con excepción de uno, quien ejercía en El Oro.
Entre los señalados se encuentran jueces de diversas competencias, así como una secretaria judicial. Estos destituidos habrían cometido infracciones disciplinarias al solicitar o aceptar préstamos, bienes o favores, lo que, según el CJ, compromete su imparcialidad.
El caso Plaga involucra a 31 personas, muchas de ellas jueces y funcionarios judiciales. Este proceso ha sacudido el sistema judicial del país, mostrando un patrón de corrupción que afecta el debido proceso en varios casos penales.
Además, el 24 de septiembre pasado, otro juez fue destituido por su implicación en el mismo caso. Se trata de Jorge Eduardo A.Z., juez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien supuestamente cobró 70 000 dólares para favorecer a integrantes del grupo delictivo Los Lobos.