El 7 de febrero de 2024, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Ecuador. Fue un antes y un después. La sentencia reconoció que quienes sufren enfermedades graves e incurables, o lesiones irreversibles tienen derecho a una muerte digna. Su decisión debe ser libre, informada y sin presiones.
Dos meses después, el Ministerio de Salud Pública (MSP) respondió. El 12 de abril emitió un reglamento que regula cómo se aplica este derecho. Incluye un comité técnico que evalúa cada solicitud y reconoce la eutanasia como muerte natural. Todo eso ya es norma.
La teoría se volvió realidad. Bajo ese reglamento, se aplicó el primer caso legal de eutanasia en Ecuador. Este hecho dejó claro que no basta con un fallo ni con un reglamento: el país necesita una ley clara, coherente y humana. Una que brinde seguridad jurídica a médicos y pacientes.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya entregó al Legislativo un proyecto de ley. Este documento demanda un análisis profundo, debate y aprobación. Es urgente. No solo para evitar arbitrariedades, sino para asegurar que el proceso esté guiado por principios éticos y técnicos.
Ahora bien, hay un punto crucial que debe estar claro en Ecuador: la eutanasia no reemplaza a los cuidados paliativos. No son lo mismo. Los paliativos buscan aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida en enfermedades crónicas o terminales. La eutanasia, en cambio, es una opción última, cuando ya no es posible sufrimiento que aliviar.
En términos generales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Asociación Médica Mundial (AMM), acepta como definición de eutanasia: “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”.
Un ejemplo a tomar en cuenta es Países Bajos. Allí, la eutanasia es legal desde 2002. Pero también cuentan con un sistema robusto de cuidados paliativos, accesible y bien financiado. Ambas opciones conviven, con respeto a la autonomía del paciente. El modelo holandés demuestra que se puede garantizar una muerte digna sin descuidar la vida hasta el último instante.
Colombia, aunque fue pionera en Latinoamérica al despenalizar la eutanasia en 1997, aún enfrenta barreras de acceso. Especialmente fuera de las grandes ciudades y por vacíos normativos que complican su aplicación. El pasado 25 de marzo de 2025, no pasó la propuesta de ley que buscaba regular la eutanasia en el Congreso de la República. Es la decimoséptima vez que ocurre.
Ecuador no puede repetir el error de no contar con una legislación. Este es un tema sensible. Toca convicciones, creencias y emociones. Pero en el centro de todo está la dignidad humana.
Por eso, la nueva Asamblea Nacional tiene el deber ético y político de legislar con altura. Con responsabilidad. Con empatía.
La muerte digna ya es un derecho en Ecuador. Que también sea un derecho garantizado por una ley seria, clara y justa, como también debe serlo su reglamento.
