El caso Purga surgió como una ramificación del conocido caso Metástasis. En este proceso, la Fiscalía General del Estado vinculó a un exasambleísta, a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de esa corte y funcionarios del Consejo de la Judicatura en un esquema de presunta delincuencia organizada.
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Según las investigaciones, estas personas habrían manipulado decisiones judiciales y administrativas en favor de intereses particulares y relacionados con el narcotráfico. La investigación expone cómo el poder político y judicial se habría visto comprometido en detrimento de los intereses del Estado.
Con una serie de allanamientos y detenciones en marzo de 2024, la Fiscalía inició el proceso para desarticular esta presunta organización. Las indagaciones apuntan a que esta red buscaba garantizar resoluciones judiciales favorables para individuos vinculados con actividades ilícitas, incluyendo al narcotráfico.
Alias ‘Fito’, un conocido criminal, figura entre los beneficiarios de estas acciones. Este caso revela un preocupante panorama de corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial ecuatoriano.
Primeros allanamientos y detenciones en el caso Purga
El 4 de marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 12 órdenes de detención en Guayas. Los operativos permitieron capturar a figuras clave del ámbito judicial y administrativo.
Entre los detenidos se encuentran un exasambleísta y varios jueces de la Corte Provincial de Guayas. Según la Fiscalía, estos funcionarios habrían actuado en coordinación para garantizar beneficios ilícitos.
Tras estas detenciones, la Fiscalía comenzó la recolección de evidencias para fundamentar la causa. Entre los elementos recabados se incluyeron documentos, testimonios y registros electrónicos que vinculan a los procesados con actos de corrupción.
Este material permitió solicitar la vinculación formal de 13 personas al proceso.
Vinculación de procesados y medidas cautelares en el caso Purga
El 4 de junio de 2024, la audiencia de vinculación formalizó la inclusión de 13 personas en el caso. De los vinculados, 8 quedaron bajo prisión preventiva, mientras que los otros 5 recibieron medidas alternativas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
La decisión judicial respondió a los argumentos de la Fiscalía, que presentó pruebas de los presuntos delitos.
En agosto de 2024, se receptaron testimonios anticipados de testigos protegidos, quienes señalaron a los procesados como parte de la estructura delictiva. Estos testimonios fortalecieron la postura de la Fiscalía para rechazar las solicitudes de apelación y revisión de medidas presentadas por los procesados.
Audiencias de apelación y evaluación
El 3 de septiembre de 2024, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de apelación presentados por 8 procesados. La Fiscalía insistió en la necesidad de mantener la prisión preventiva, argumentando que los implicados podrían obstaculizar las investigaciones.
Días después, la revisión de medidas cautelares ratificó las disposiciones para varios procesados, aunque en un caso se optó por sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.
El 17 de diciembre de 2024, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 23 personas.
En esta etapa, la Fiscalía presentó un informe detallado sobre los hallazgos de la investigación, que incluye testimonios, análisis financieros y documentos judiciales que evidencian el presunto esquema delictivo.
Próximos pasos en el proceso judicial
El caso Purga continúa su curso en el sistema judicial ecuatoriano. La Fiscalía señaló la importancia de este proceso para desarticular redes de corrupción que afectan la independencia judicial.
Entre los procesados destacan Pablo M., exasambleísta, y Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, quienes enfrentan acusaciones por liderar esta presunta organización.
En las próximas semanas, se espera que la justicia determine si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para llamar a juicio a los procesados.
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