La Fiscalía General del Estado investiga a una presunta organización delictiva que habría operado en la Corte de Justicia de Guayas, obteniendo beneficios judiciales y administrativos. Con la presencia del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, este martes 17 de diciembre se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 23 procesados por el delito de delincuencia organizada.
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Caso Purga, en audiencia de evaluación
Entre los investigados se encuentran figuras clave del ámbito judicial y político, como Pablo M., exasambleísta, y Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
La investigación, que se desprende del caso Metástasis, permitió identificar a una presunta estructura conformada por jueces, funcionarios judiciales, asesores jurídicos y miembros del sector político.
La Fiscalía señala que este grupo habría intervenido para manipular decisiones judiciales, garantizar resoluciones favorables y gestionar cambios administrativos desde la Corte Provincial de Guayas.
Procesados y sus roles en el caso Purga
Entre los 23 procesados figuran exautoridades y funcionarios de diferentes entidades:
- Pablo M.: exasambleísta.
- Fabiola G.: expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
- Johann M.: juez de la Sala Penal de la Corte Provincial.
- Mercedes V.: directora del Consejo de la Judicatura de Guayas.
- Susana B. y Jackeline D.: funcionarias del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, varios jueces de unidades judiciales de Guayas, asesores jurídicos y militares activos también constan en el proceso. Entre ellos están Juan R. J. y Freddy J. C., comandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Delitos y estructura investigada
Según la acusación fiscal, esta presunta estructura delictiva operaba con roles definidos. Esto bajo un esquema de corrupción judicial que tenía como fin favorecer intereses particulares e ilícitos.
La investigación también involucra a exfuncionarios relacionados con el poder político y el narcotráfico, lo que habría generado perjuicio al sistema judicial y al Estado.
El objetivo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es determinar si existen los elementos suficientes para llamar a juicio a los 23 procesados. La Fiscalía argumenta que existen pruebas documentales, pericias e interceptaciones que vinculan a los investigados con los hechos.
