No es la primera vez que en la Asamblea se hace una ley sin consultar amplios sectores sociales. En la Ley de Comunicación, la cual se trata en estos días en la Comisión Ocasional de Comunicación (COC), se ha dejado de lado el aporte que podrían hacer los propios periodistas.
El análisis del proyecto de Ley empezó en septiembre de 2009. Desde entonces hasta el día de hoy, la participación de los periodistas, académicos y expertos en los debates de la Comisión ha sido escasa. Hemos dado por entendido que los asambleístas conocen profundamente la actividad periodística. Hemos dado por entendido que saben cuáles son los problemas que se tiene a diario. Hemos dado por entendido que ellos saben lo que hay que hacer para que la prensa sea más amena, objetiva e imparcial. Hemos dado por entendido que ellos sí saben lo que es defender a diario la verdad sin importar el riesgo que tiene dejar al descubierto actos de corrupción, intereses económicos y presiones políticas.
En realidad, ese es problema. Dejar que una Ley tan importante como esta sea elaborada por quiénes desconocen lo que es hacer y ejercer el periodismo. Hemos dejado que ellos, a quiénes generalmente incomoda la prensa por diversos motivos, hagan ahora su traje a la medida. Una prensa timorata, oficialista y sometida al poder político.
El preciado sueño del Presidente de tener una ley que permita “controlar los excesos de la prensa corrupta” está a punto de hacerse realidad. La mordaza no solo provendrá de juicios e indemnizaciones millonarias, sino de las multas, clausuras, prisión y un sinnúmero de triquiñuelas que ya se han urdido para silenciar a la prensa. Eso es lo que está detrás de los artículos que hablan de la conformación y atribuciones del Consejo de Comunicación, de la responsabilidad ulterior, de la rectificación, de la regulación de conciencia de los periodistas…
El tema, a más de silenciar a la prensa, radica en quitarle capacidad para generar opinión pública. Es lo que preocupa también al Presidente. En lugar de hacer una ley que contribuya a mejorar la actividad periodística, el proyecto se ha centrado en aspectos que molestan al poder político. De allí deriva su sesgo altamente controlador y sancionador.
El hecho de que esta ley haya sido elaborada sin periodistas es un gran limitante. Tarde o temprano tendrá que reformarse, por violatoria de los tratados internacionales. El tema de fondo no es un asunto de leyes sino de que la prensa en el Ecuador tenga más calidad y sea más valiente en la defensa de la verdad. Con todos sus defectos, como decía Antonio Franco, la necesitamos como foco cualitativo de información, como divulgadora de criterios y como contrapeso de los poderes.