Ante una reciente investigación periodística, documentada y seria, que demuestra un sospechoso manejo para la monopolización del transporte de la urea, el dictador de Carondelet ha reaccionado con sensatez y cordura. “Que la Contraloría haga lo que le dé la gana”, ha dicho. Es una frase admirable, que refleja sus altas dotes de estadista equilibrado y responsable, su indeclinable respeto a la independencia de las instituciones, su insaciable búsqueda de la verdad en todas las irregularidades que han sido denunciadas, su obsesivo anhelo por imponer una conducta de honestidad y transparencia en el quehacer gubernamental y, en último término, su efusivo reconocimiento a la tarea crítica de la prensa.
“Que haga lo que le dé la gana”. Todo lenguaje oficial, que nunca es inocente, esconde debajo de su superficie, de sus simples apariencias, su contenido profundo y verdadero. El hacer lo que a uno le dé la gana, como si fuera un hijo de familia caprichoso, según decía Ortega y Gasset, significa en el sector público la no aceptación de límites y el convencimiento de “que todo le está permitido y a nada está obligado”, y por tanto, como el signo que marca la actividad de la ‘revolución ciudadana’ y de sus representantes, el imperio de la arbitrariedad. Que la Contraloría (que ha ratificado su sumisión) “haga lo que le dé la gana” significa, en última instancia, que él también hará lo que le dé la gana.
Pero el lenguaje oficial sigue ‘articulándose’. Junto a la arbitrariedad impone la descalificación. La institución de control puede hacer lo que le dé la gana (nada) porque la investigación periodística, en ninguna forma refutada, no es más que “chisme articulado”. El testaferrismo es chisme. La violación legal es chisme. La centralización de los contratos es chisme. El monopolio es chisme. Los vínculos con funcionarios públicos son chisme. ¿Qué puede hacer la prensa independiente en estas circunstancias, me pregunto, con sus chismes mal articulados, frente a la ilegalidad y la trampa, el abuso del poder y la prepotencia, la corrupción y el cinismo bien articulados?
En un Estado de derecho (o de derechos), que constituye una de las columnas para la construcción de una democracia, nadie puede ni debe hacer lo que le dé la gana. Ni los ciudadanos ni los funcionarios públicos. Ni las personas naturales ni las instituciones. Los gobernantes y los gobernados están sometidos a un orden jurídico que otorga facultades e impone límites y que debe ser respetado y cumplido estrictamente. Los actos de todos están regidos por la norma previamente promulgada y no por la voluntad, o el capricho, o la prepotencia de nadie. Ni del poder político ni del poder económico. Un buen gobierno debe aprender a cumplir sus obligaciones y a aceptar sus límites. No a hacer lo que le dé la gana.