La Constitución responde a dos lógicas distintas.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió un duro revés al mediodía de este martes 7 de abril del 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo halló culpable de cohecho, por recibir aportes indebidos a través de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado durante su gobierno, entre 2012 y 2016. Los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo sentenciaron a 8 años de cárcel.
El prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, defendió los resultados que alcanzó el sí en la pasada consulta popular y referendo. Este martes 6 de febrero del 2018 dijo que esa votación es una de las más altas en la historia del Ecuador, lo que abre nuevos escenarios.
La asambleísta por el movimiento Acción Regional por la Unidad (ARE), Verónica Arias y el líder del movimiento, José Bolívar Castillo defendieron la mañana de este jueves 4 de agosto del 2016 la propuesta de 11 enmiendas a la Constitución de Montecristi que entregaron al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Algunos tienen un pensamiento ideológico opuesto. Pero están bajo un mismo paraguas de unidad. Los amalgama un acuerdo: desmontar el aparataje estatal creado por el actual Régimen. Eso implica cambios en las últimas normas que el Gobierno ha impulsado, sobre todo las de carácter económico.
Han pasado 10 años de las revueltas que terminaron con el gobierno de Lucio Gutiérrez y la palabra “forajido” ha quedado en el pasado. Tras una década, los ciudadanos que participaron en la revuelta y que defendieron el ideal de “que se vayan todos” se dividen entra las sensaciones de triunfo o de traición ante las actuaciones del actual Régimen.
Algunos de los desencantados de la revolución ciudadana, que se reunieron hace unas pocas semanas para defender el ‘espíritu’ de la Constitución de Montecristi, cuando eran parte de esa ‘revolución’ guardaron silencio frente a declaraciones y acciones políticas que contradecían el discurso pluralista, participativo y democrático que decían representar. Un silencio que justificaban invocando la importancia del ‘proyecto’; argüían que la exposición pública de los desacuerdos era “hacerle juego” a la derecha, a los ‘enemigos’ de la revolución.
Este día se reúne el Pleno de la Asamblea Nacional para conocer, en primer debate, las enmiendas a la Constitución. El tratamiento del documento que emitió la Corte Constitucional para fundamentar que las 16 propuestas debían estudiarse por la vía de enmiendas constitucionales, fue rápido.
Está en plena discusión la nueva reforma laboral. El discurso oficial ha estado encaminado a que la misma moderniza el sistema laboral, universaliza la seguridad social y brinda estabilidad a los trabajadores. Lamento discrepar con esos pronunciamientos, pues el proyecto de ley ni moderniza, ni universaliza ni genera estabilidad al trabajador.
César Montúfar / @cmontufarm Ya es una voz común en distintos sectores políticos y ciudadanos del país invocar el derecho a la resistencia cuando se oponen o no están de acuerdo con una cierta política estatal. Este, sin duda, es una de las innovaciones de la Constitución de Montecristi. Supone que los habitantes del Ecuador podemos declarar nuestra “resistencia” a decisiones estatales, lo cual no significa de ningún modo desconocerlas o no acatarlas. De hecho, la invocación de este derecho no trae consigo consecuencia alguna para las autoridades públicas “resistidas”, ni para las decisiones tomadas, peor aún, establece garantías que protejan a quienes lo reclaman. Un vacío que, como en otros casos, debería ser desarrollado por la justicia constitucional. Pero en esta columna no quiero analizar las limitaciones y potencialidades del derecho a la resistencia en el ámbito constitucional. Pretendo destacar lo que considero son sus implicancias conservadoras y legitimadoras del estatus q
Acaban de cumplirse 5 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Cuando uno analiza con detenimiento lo que ha significado esto para el Ecuador en términos jurídicos, políticos e institucionales, uno no puede dejar de ver ciertas inconsistencias y contradicciones.
Varios ejes se articularon en la propuesta política que encabezó el economista Rafael Correa, hace ya casi siete años, entre ellos la revolución ciudadana, una nueva Constitución y un proyecto verde-ambientalista. Todo para acabar con el pasado de lo que llamaron la partidocracia.
El año 2008, el pueblo aprobó la Constitución concebida por Alianza País, que habría de regirnos por trescientos años, según se proclamó. Al consagrar un régimen presidencialista fuerte, la Constitución estableció la reelección del Jefe de Estado, por una sola vez. Sin embargo, por consideraciones personales, determinó que la elección producida después de entrar en vigencia, sería considerada como primera, para todos los efectos legales. Prolongó así el mandato de Correa, que ya llevaba dos años en el poder. Su “primera” reelección -que debe ser la única- ocurrió en febrero de este año.
El 8 de noviembre de 2012 había comentado que el pueblo ecuatoriano fue despojado de su capacidad electiva. Esta se ejercía a través de sus representantes en la Asamblea, al utilizar los votos del pluripartidismo en la elección de las máximas autoridades de vigilancia, control y seguridad jurídica. Aquel despojo constaba en el art. 207 de la Constitución de Montecristi al ordenar que esas designaciones las realizara un flamante Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y no la máxima expresión de soberanía: el Parlamento con sus diputados, como establecen las constituciones de países democráticos. Así consta en la doctrina de la separación de poderes: el funcionamiento político se asienta en partidos que se autoafirman en la capacidad de sus diputados para ejercer el contrapeso imprescindible.