Varios ejes se articularon en la propuesta política que encabezó el economista Rafael Correa, hace ya casi siete años, entre ellos la revolución ciudadana, una nueva Constitución y un proyecto verde-ambientalista. Todo para acabar con el pasado de lo que llamaron la partidocracia.
Sin tomar en cuenta el mandato de la Constitución de 1998, que el Presidente no juró en su posesión de enero de 2007, empezó una aguerrida campaña por una Asamblea Constituyente. No importó que en el Congreso de entonces no hubiera bloque oficial y, con gran apoyo popular y del Tribunal Electoral, se forzó una consulta para convocarla. Esta trabajó en Montecristi con una significativa mayoría oficialista.
Así nació la Constitución garantista que invocó a la naturaleza como principio y reestructuró la arquitectura jurídica clásica de los tres poderes con cinco funciones. Con la fuerza del voto y la credibilidad de la palabra del líder se la refrendó en las urnas. A 5 años de su promulgación, y después de haberla proclamado como una Constitución para 300 años, afloran flaquezas. El garantismo no se aplica, la concentración de poderes y la estructura vertical se profundizan con el liderazgo personal.
Ya se habla de reformas, cuando la visión ambientalista sucumbió al pragmatismo. Al fin y al cabo en el país las constituciones (que ya suman 21) han durado, en promedio, 9 años desde 1830.