En los últimos meses, Ecuador ha sido testigo de dos escándalos de corrupción que han sacudido los cimientos de su sistema judicial y político: los casos Metástasis y Purga. Se ha revelado la profunda infiltración del narcotráfico en las instituciones del país y se ha expuesto una red de corrupción que involucra a políticos, jueces y fuerzas del orden.
El caso Metástasis ha sido uno de los más sonados en la historia reciente de Ecuador. La investigación, que comenzó a principios de 2024, ha desvelado los vínculos entre la justicia y el narcotráfico. Entre los primeros sentenciados se encuentran dos policías y un abogado, quienes fueron condenados por su participación en esta trama delictiva. La Fiscalía ha presentado pruebas que demuestran cómo estos individuos facilitaban operaciones ilegales a cambio de sobornos.
Por otro lado, el caso Purga, que surgió a raíz de las investigaciones del caso Metástasis, ha destapado una red de corrupción en el sistema judicial. En marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo en Guayas, deteniendo a 12 personas, entre ellas un exasambleísta y varios jueces. Purga ha revelado cómo se compraban sentencias y se beneficiaban judicialmente.
Estos escándalos subrayan la urgente necesidad de una educación cívica y ética efectiva en Ecuador. La educación cívica y ética no debe ser vista como un simple material escolar de relleno o un anuncio coyuntural. Es fundamental que las nuevas generaciones de ecuatorianos comprendan la importancia de la integridad, la transparencia y el respeto por las leyes.
Paralelamente, la ministra de Educación, Alegría Crespo, anunció que la cátedra de Cívica volverá al currículo de los planteles educativos. Y sí, la educación cívica y ética debe ser una prioridad en el sistema educativo ecuatoriano. Los jóvenes deben ser formados en valores que promuevan la honestidad, la responsabilidad y el compromiso con la sociedad. ¿Pero está preparado el sistema para abordar esta cátedra?
Para que la educación cívica y ética sea efectiva, es necesario que se implemente de manera integral y se le dé la importancia que merece. Esto implica no solo incluirla en el currículo escolar, sino también capacitar a los docentes para que puedan impartir estos conocimientos de manera adecuada. Además, es crucial que se realice un seguimiento constante para evaluar el impacto de estas enseñanzas en los estudiantes.
Además de la capacitación a los profesores en los tópicos específicos, es necesario que la materia sea considerada como necesaria. La experiencia demuestra que en el pasado se la tomaba como un curso secundario, de relleno. Asimismo, se debe apuntar la entrega de recursos educativos como libros, materiales didácticos y herramientas tecnológicas.
El Gobierno, y a la larga el Estado, deben considerar que para que este proyecto funcione; hay que mantener el apoyo y que no se queden en un enunciado o disposición de implementación. Sin un compromiso claro y sostenido por parte de las autoridades, es difícil llevar a cabo las reformas necesarias. Y ese respaldo incluye el entendimiento de que Ecuador es diverso y que -además- existe desigualdad educativa. No son lo mismo, por ejemplo, las escuelas rurales que las urbanas; lo que lleva a pensar en una verdadera reforma educativa integral.