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¿La sentencia de cohecho es el fin de la carrera política de Correa en Ecuador?

La defensa de Rafael Correa tramita el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva ordenada por el caso Sobornos. Foto: AFP

La defensa de Rafael Correa tramita el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva ordenada por el caso Sobornos. Foto: AFP

El caso Sobornos 2012-2016 marcará un antes y un después en la carrera política de Rafael Correa. Foto: AFP

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió un duro revés al mediodía de este martes 7 de abril del 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo halló culpable de cohecho, por recibir aportes indebidos a través de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado durante su gobierno, entre 2012 y 2016. Los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

La resolución de los jueces de la Corte, quienes condenaron también al exvicepresidente Jorge Glas y a otras 18 personas, es un fallo de primera instancia (deberá ser ratificado por un Tribunal superior en segunda instancia -en caso de que alguna de las partes apele- y en casación -última instancia judicial, donde se revisa el debido proceso-).

Sin embargo, la sentencia del Tribunal ha sido considerada por la Fiscalía General del Estado como un paso más en la lucha contra la corrupción, tras impulsar la investigación del caso denominado Sobornos 2012-2016 y presentar pruebas, que -según los jueces- demuestran que el expresidente Rafael Correa conocía del delito, que ha afectado al Estado. 

¿Qué significa para Correa una condena por cohecho?

Una sentencia por cohecho impactaría directamente en la vida de cualquier persona en Ecuador, más aún en la de un político. La Constitución de Montecristi, elaborada en el 2008 por una mayoría correísta y validada en las urnas, precisa en su artículo 233 que en el delito de cohecho “la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas”.

Imprescriptible significa que la condena que impongan los jueces no caducará. En el caso Sobornos 2012-2016 el Tribunal de la Corte ha sentenciado a Rafael Correa a ocho años de cárcel. Si la pena es ratificada en las siguientes instancias de la Corte, el exmandatario deberá cumplirla cuando regrese al país: ocho años en un centro de rehabilitación social antes de poder volver a caminar por las calles de Ecuador.

Pero no es lo único. El futuro político de Correa habrá terminado, al menos en Ecuador. La Constitución de Montecristi también puntualiza en su artículo 113 que hay personas que nunca podrán ser candidatos en una elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”.

En Ecuador hay candidaturas de elección popular para las siguientes dignidades: vocalía de junta parroquial, concejalía, alcaldía, prefectura, Asamblea, Parlamento Andino, Vicepresidencia y Presidencia de la República. Correa, con una sentencia de cohecho y después de cumplir condena, no podría candidatizarse ni para dirigir una junta parroquial.

La Fiscalía habla de una estructura de corrupción

Entre las pruebas de cohecho presentadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016 hay una serie de contratos suscritos a través de cartas de invitación y convenios de pago, “figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública”.

En la investigación de la Fiscalía, además de Rafael Correa, constan como acusados el exvicepresidente Jorge Glas; exministros como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte; exasambleístas como Christian Viteri y Viviana Bonilla. Este martes 7 de abril del 2020, ellos fueron condenados a 8 años de cárcel por cohecho.

La investigación de la Fiscalía determinó la existencia de una estructura de corrupción integrada por empleados estatales que facilitaron (a través de cruce de facturas y dinero en efectivo) el beneficio a empresarios de contratos con el Estado.

En este caso fueron investigadas Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras del Palacio de Carondelet, quienes manejaron los pagos en efectivo y la lista de las empresas y funcionarios involucrados. Ellas permanecieron detenidas desde el 4 de mayo hasta el 6 de noviembre del 2019. Ofrecieron su colaboración a la Fiscalía en las investigaciones. 

Pamela Martínez trabajó al servicio de Rafael Correa. De hecho, fue asesora 1 del “despacho presidencial” en Carondelet, por un salario de USD 5 009 mensuales. Terán, según la nómina de personal de Carondelet, fue asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana. Este 7 de abril, por su colaboración en la investigación, el Tribunal las condenó a 38 meses y a 19 meses de cárcel, respectivamente.