Es el término idóneo para definir la actual situación de las instituciones en Ecuador.
En efecto: El CAL de la Asamblea dio paso al pedido correísta de enjuiciar a la fiscal general, después de que los partidos PSC y el de gobierno comprometieron su oposición a ese juicio. El prófugo llamó mentiroso al presidente de la Asamblea cuando éste dijo que no se había tratado de este tema en el pacto secreto que los une, sin que el funcionario haya reaccionado de la manera en que debía hacerlo ante tal insulto.
El Consejo de la Judicatura, presidido por un personaje folclórico, y manejado por él y otro vocal -ambos acusados de infracciones penales -adoptan resoluciones ilegales e ilegítimas, con el voto conforme de dos de los cinco miembros del consejo. Amplían 6 años el período de los jueces de la Corte Nacional. Conducen un proceso para designar nuevos jueces de la más alta corte lleno de irregularidades anotadas por la propia Corte Nacional y por el observador de Naciones Unidas, pero respaldado por Correa. También en la Asamblea se ha presentado un pedido de juicio político a estos personajes. La Corte Nacional ha rechazado las actuaciones del presidente del CJ y le ha retirado su confianza, sin que este personaje se separe de sus funciones, por una elemental dignidad.
Legisladores correístas han llamao al Contralor, posesionado apenas una semana atrás, para que informe sobre sus actuaciones en su nuevo cargo. Claro propósito de estorbar su desempeño, pues aspiraban a tener un contralor de bolsillo, similar a los 10 años de correísmo.
Mientras se persista en llenar las más importantes posiciones en la Corte Nacional y en los organismos de control, como las superintendencias, la contraloría, las defensorías y otros similares, con personas que aceptan someterse a exámenes, calificaciones, pruebas de confianza, etcétera, difícilmente irán los mejores profesionales y proliferarán algunos personajes mediocres y hasta poco confiables.