La institucionalidad devaluada
Porque las instituciones no funcionan como deben se explica que sigamos de tumbo en tumbo, cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Ni la justicia funciona como debería ni la política está a la altura de las circunstancias.
Concluye, después de casi veinte años, el juicio al expresidente Jamil Mahuad, con sentencia por peculado. ¿Es legal –también hay que preguntar si es razonable- que se sentencie por peculado a un gobernante por tomar una medida económica, que buena o mala, estaba bajo su competencia? ¿No es grave que se lo haga por eso y no por haber recibido un aporte de tres millones de dólares que le condicionó para no actuar con la independencia, decisión y energía necesarias para que el Banco del Progreso no se convirtiera en la mecha que prendió la crisis bancaria que quebró la economía y sumió en la pobreza y desesperación a miles de ecuatorianos? La sentencia no sanciona ese asunto, el de fondo y origen del perjuicio a los depositantes.
Igual pasa con algunos asambleístas -60 de ellos investigados, según declaró su Presidente- ante la realidad que vive el Ecuador, agravada por la pandemia. La situación económica es crítica desde hace años. Hay un problema estructural derivado del crecimiento desproporcionado del sector público, que pasó de representar en la economía el 18% en el 2006, al 42% en el 2011.
No hay economía que soporte tan drástica intervención, embarrada además por el despilfarro y la corrupción. Cuando el precio del petróleo declinó desde niveles nunca vistos, se mantuvo el nivel de gasto endeudando al país a plazos cortos y tasas altas. Cuando este Gobierno -con sus mil defectos y desaciertos- hace sacrificios políticamente costosos para afrontar los problemas de la economía, todos critican, y la pandemia le obliga a mayores restricciones y gastos impredecibles. El Ministro de Finanzas disciplina y renegocia exitosamente la deuda y en Salud hay que destacar la acción de un Ministro que acepta afrontar el problema en el peor momento, con seriedad y conocimiento. En la Asamblea, cuna de desaciertos y mediocridad, se busca enjuiciarlos en el momento de mayor crisis y necesidad de cohesión y solidaridad. ¿Se trata ahora de impedir que el ex ministro Martínez asuma un puesto en el BID, que le conviene al país, al margen de cualquier gobierno? A la Ministra de Gobierno se persigue porque la “Policía ha usado, hace un año, bombas lacrimógenas caducadas”, en una jornada en que estuvo en vilo la existencia de la nación. Los que no vivieron la violencia, los incendios, la toma de plantas de agua potable, deben ilustrarnos cómo evitar el caos y la disolución, si respondiendo al recordado exabrupto, esos grupos hubieran resuelto no “quedarse en el páramo” y la Policía no usaba las bombas lacrimógenas. La política devaluada al extremo. Y los “demócratas” buscando descuartizar al Estado, como dicen los 4 Pelagatos.
