Mauricio Pozo Crespo

Que recuperen su plata

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Domingo 29 de abril 2018

Me refiero a las inversiones de 2 300 afectados del caso Proinco. Esa debería ser la motivación principal de las autoridades de este caso, pues el país adolece de infinidad de problemas siendo uno de ellos no solo la travesía para abrir una empresa sino los escollos para cerrar una compañía. En países con mayor desarrollo institucional y mayor independencia judicial, a diario hay empresas que se abren o se cierran. No es pecado que una compañía quiebre y cierre sus puertas. Es sancionable que existen hechos dolosos, de mala fe o de probada intención de perjudicar.

En el Ecuador, los empresarios que se equivocan o fallan en la administración son señalados con el dedo y repudiados socialmente, independientemente si su fracaso fue intencional o no. Sin embargo, lo de fondo es corregir las secuelas del problema de la quiebra y aminorar los costos sociales del mismo.

Varios casos se pueden citar, como han sido las crisis bancarias en Chile en los 80’s, la crisis de la banca de inversión norteamericana en la década pasada, la crisis asiática de los 90’s o la quiebra bancaria del Ecuador de 1999. En todos los casos los gobiernos y los bancos centrales debieron intervenir, pues las entidades financieras producen efectos nocivos a la ciudadanía por los depósitos del público que manejan, no obstante, lo importante es la forma cómo intervienen los gobiernos, no si lo deben o no hacer. En EE.UU., el precio de la acción de Citibank llegó a 1 USD, hoy es cerca de USD 100. ¿Por qué uno de los bancos más grandes del mundo tuvo esta recuperación? Porque a pesar de la intervención estatal lo dejaron seguir operando y con un riguroso proceso de supervisión pudo reanimarse.

En el caso de este artículo, lo que se ha podido revisar de la prensa y sin entrar en la polémica legal del caso, como sería cuestionar la aprobación de las autoridades de las transacciones que Proinco y sus empresas relacionadas realizaban, es centrarnos en la necesidad de que los depositantes recuperen, sino todo, lo que más puedan de los fondos depositados. Una compañía paralizada jamás podrá atender sus obligaciones. Con la nueva administración que las autoridades decidan en esa compañía, el punto central es que los activos de la empresa sean entregados a los clientes perjudicados bajo el mecanismo de dación en pago, pues la suspensión de esta alternativa cierra totalmente las opciones de cobranza. Muy probablemente no podrán recuperar todo lo depositado pero sin duda será mucho más si todo se cierra y se paraliza.

Se sabe que son cerca de USD 100 millones el valor del perjuicio, cifra muy significativa que amerita sin duda se abra el camino para que los inversionistas puedan acceder a un porcentaje arriba de cero de los montos confiados a esa empresa. Que la justicia actúe con firmeza, de forma justa e imparcial y que el costo social sea el menor posible.