Treinta millones de dólares arriba. Cero dólares abajo. Esa es la brecha económica entre los 151 legisladores que hoy integran la Asamblea Nacional del Ecuador. Entre ellos hay desde empresarios que declaran fortunas personales hasta jóvenes sin bienes y funcionarios con patrimonios en rojo.
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¿Por qué esto importa?
Las declaraciones juramentadas son obligatorias para todos los funcionarios que asumen un cargo público. Revelan no solo el estado financiero de los legisladores, sino también patrones que pueden estar relacionados con su experiencia previa, intereses económicos o incluso eventuales conflictos de interés. En provincias como Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí, donde se concentran los patrimonios más altos, este tema cobra especial relevancia.
La escena clave
A sus 59 años, Erwin Mendoza se convirtió en el asambleísta con el patrimonio más alto: USD 30,9 millones. El exalcalde de Buena Fe (Los Ríos) y actual legislador de ADN, figura como accionista de al menos seis empresas, desde agroindustria hasta transporte aéreo. Otras dos empresas están en disolución y liquidación y un par más tienen cancelada su inscripción, según los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercias).
Lo que hay detrás
Junto con Mendoza, otros dos legisladores superan los USD 10 millones: Manuel Blacio, de El Oro, y Annabella Azín, madre del presidente Daniel Noboa. Blacio, de 62 años y también de ADN, tiene participación en 18 empresas de sectores como tecnología, construcción y acuicultura. Azín, médica, no figura como accionista activa pero concentra su patrimonio en bienes inmuebles y cuentas bancarias.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Desde 2017, la Contraloría General del Estado mantiene un registro público de las declaraciones patrimoniales. Todos los funcionarios deben actualizar esta información cada dos años y al inicio y fin de su gestión. Sin embargo, 24 asambleístas de este periodo no tenían experiencia en el sector público antes de 2025, por lo que su primera declaración es reciente.
Entre bambalinas
En el periodo anterior, tras una solicitud de la legisladora Viviana Veloz, se inició un examen especial a las declaraciones de los 137 asambleístas del periodo 2023-2024. De ellos, 56 fueron reelectos. Hoy, la Contraloría solicitó a las unidades de Talento Humano de las instituciones revisar los datos de los nuevos funcionarios para evitar errores u omisiones.
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La verdad de los datos de los asambleístas:
- 3 legisladores superan los USD 10 millones.
- 10 asambleístas tienen patrimonios entre 1 y 6 millones.
- 11 registran entre medio millón y casi 900 mil dólares.
- 51 asambleístas están en el rango de 105 mil a 482 mil dólares.
- 52 tienen patrimonios entre 10 mil y 98 mil.
- 15 declaran menos de 10 mil dólares. Incluso 0.
- 9 presentan patrimonios negativos: seis de Revolución Ciudadana (RC) y tres de ADN.
Claves para entenderlo
La mayoría de asambleístas con patrimonios elevados proviene del sector empresarial. Los patrimonios bajos o negativos, en cambio, están asociados a jóvenes o funcionarios con trayectoria limitada o con deudas personales. Los partidos también marcan una distribución desigual, con ADN y RC liderando tanto los extremos altos como bajos.
El dato que sorprende
Ronal González (RC), abogado constitucionalista de Los Ríos, tiene el patrimonio más bajo: -146 mil dólares. En 2017 su patrimonio era de apenas 4 dólares. Otros casos como el de Jorge Guevara (ADN), quien pasó de USD 212 mil en 2023 a -101 mil en 2025, también llaman la atención. Mireya Pazmiño, exasambleísta de Pachakutik y hoy RC también presenta una situación financiera complicada con un patrimonio negativo de -46 154 dólares.
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Lo que viene
La auditoría de las declaraciones juradas de los 137 legisladores anteriores está en marcha y de estos 56 continúan en el Legislativo. Los ciudadanos pueden consultar las declaraciones juramentadas en el portal de la Contraloría. El reto: mantener la transparencia, en especial cuando el poder legislativo es ocupado por ciudadanos con perfiles económicos tan dispares.
