Ayer, Ricardo Patiño se reunió con soldados retirados. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Eliminar inequidades y discriminaciones. Ese es uno de los argumentos que aparecen en el proyecto que envió el presidente Rafael Correa a la Asamblea, y que busca reformar el sistema de seguridad social militar y policial.
El documento, que tiene 15 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y cuatro derogatorias, ya está en la Comisión de Derechos del Trabajador de la Asamblea. Esa Mesa será la encargada de tramitar la propuesta del Ejecutivo.
De hecho, ayer ya hubo los primeros pronunciamientos.
Marllerly Vásconez, presidenta de esa Comisión, aseguró que convocará al Alto Mando de la Policía y al de las Fuerzas Armadas, a autoridades civiles de los ministerios de Defensa e Interior; y a uniformados en servicio pasivo para analizar el paquete de reformas.
Pero, ¿qué es lo que plantea el proyecto? Cuatro cambios son considerados estructurales, según admitió en las últimas horas Ricardo Patiño, titular del Ministerio de Defensa.
El primero: el sistema para calcular los montos de pensión que recibe un soldado o un policía ya no será el mismo.
En las reformas se señala que el valor se determinará con el promedio de los 60 mejores sueldos. El resultado se multiplicará por un factor regulador establecido en la Ley.
Hoy, el militar o el agente que pide la baja de la institución recibe como pensión un monto similar al último sueldo que tuvo como uniformado activo.
El segundo: los años de servicio. En la propuesta se plantea que la baja voluntaria “únicamente” podrán solicitarla aquellos policías y militares que hayan acreditado más de 25 años de servicio activo.
Eso no sucede actualmente. Según la legislación vigente, los uniformados pueden tramitar la salida de la Policía o de las FF.AA. tras cumplir, como mínimo, 20 años de trabajo.
Con este cambio se quiere dar mayor solidez a la seguridad social de las dos instituciones, pues los agentes aportarían cinco años más.
En el Issfa (seguro de las FF.AA.), por ejemplo, los datos oficiales refieren que hay 41 000 soldados activos frente a más de 36 000 pensionistas. Es decir, a corto plazo, por cada militar activo habrá uno pasivo.
Eso, según las autoridades, puede generar déficit económico. Hoy, la edad promedio en la que se retiran los militares es de 45 años, de acuerdo con las asociaciones de soldados en servicio pasivo.
Cambios en pensiones
La tercera modificación importante que plantea el Ejecutivo está relacionada con el aumento de las pensiones.
El texto propone que se incrementen al inicio de cada año, “en la misma proporción” que establece la ley de seguridad social para los trabajadores en general.
Con la legislación actual, las pensiones de los militares suben automáticamente si el sueldo de los uniformados en servicio activo aumenta.
Por ejemplo, cuando hubo la homologación de salarios, el sueldo de un general pasó de USD 1 500 a USD 5 600.
El mismo incremento recibieron los generales retirados. Eso explicó en febrero pasado, el entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero.
Así lo determina el Reglamento a la Ley del Issfa.
La cuarta variación estructural refiere que no todos los militares y policías retirados recibirán aumentos. En el proyecto se dice que “se exceptúan de dicho incremento aquellas pensiones que superen las máximas establecidas para los trabajadores del régimen general de seguridad social”.
En otras palabras, los ingresos de los altos oficiales (r) no se incrementarán. Actualmente, la pensión máxima que recibe un civil está en USD 2 013.
“Entonces, si el tope máximo es USD 2 013, alguien que tiene una pensión de USD 3 000 no recibirá el aumento, hasta que ese techo llegue precisamente a los USD 3 000 que gana”, explicó Patiño en días pasados.
Los cambios propuestos originaron críticas. Ayer, afuera
del Ministerio de Defensa, soldados y policías pasivos pidieron “desechar” el proyecto.