La investigación del caso Triple A se desarrolla en torno a presuntos delitos vinculados al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Dentro de las personas que se pidió vincular por Fiscalía figura el nombre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
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Este proceso penal, que ha incluido múltiples diligencias y audiencias fallidas, inició con una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables sobre irregularidades en la distribución de combustibles subsidiados.
El Ministerio Público sostiene que existen diferencias notorias entre el volumen de combustible despachado y el facturado por ciertas estaciones de servicio.
En su mayoría, estas se encuentran en zonas fronterizas y de actividad minera, lo que ha hecho presumir un desvío del diésel subsidiado hacia segmentos no autorizados. Las irregularidades detectadas habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Audiencias fallidas y acusaciones iniciales en el caso Triple A que involucra a Aquiles Alvares
Las primeras diligencias del caso incluyeron varios allanamientos ejecutados el 23 de julio de 2024 en Milagro y Guayaquil. Estas acciones respondieron a las sospechas sobre la comercialización ilegal de hidrocarburos por parte de cinco personas naturales y cinco empresas.
A pesar de ello, la audiencia de formulación de cargos fue diferida en cuatro ocasiones entre octubre y diciembre debido a cambios en las defensas legales y problemas de salud del juez a cargo.
Fue recién el 14 de diciembre de 2024 cuando la audiencia pudo instalarse y se formularon cargos contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., así como contra las compañías Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel.
Dos días después, se dictaron medidas cautelares para las personas naturales, que incluyeron la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.
Instrucción fiscal y pedidos de cierre
El 16 de diciembre de 2024 comenzó la etapa de instrucción fiscal, con un plazo inicial de 90 días. Durante este tiempo, la Fiscalía ejecutó operativos en estaciones de servicio ubicadas en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, reforzando la hipótesis de una red de distribución ilegal de diésel.
En paralelo, las defensas legales de procesados y de personas no vinculadas aún al caso, como el alcalde Aquiles Alvarez, solicitaron el cierre de esta fase investigativa, argumentando el cumplimiento del plazo legal.
Entre quienes se sumaron a este pedido estuvieron además Juan Dionisio A. S. y María Elisa C. E. La defensa de Fuelcorp insistió en que cualquier actuación fuera del plazo carecería de validez procesal.
Excusa del juez y cambio en el proceso
Una nueva controversia surgió cuando el juez Jairo García presentó una excusa para no continuar conociendo el caso. El motivo fue un posible conflicto de intereses, pues el abogado que representa al alcalde Alvarez también había patrocinado causas suyas.
Esta excusa fue ratificada el 18 de marzo y motivó el sorteo de un nuevo juez, que recayó en María Fernanda Castro, de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
A raíz de este cambio, no se pudo realizar la audiencia de vinculación programada para el 14 de marzo, en la que se preveía incorporar al alcalde y a otras once personas al proceso. La defensa del alcalde argumenta que dicha vinculación es extemporánea e ilegal, por haberse cumplido ya los 90 días de la instrucción fiscal.
Controversias legales y cuestionamientos al sorteo
El 20 de marzo, un día después del sorteo que designó a la jueza Castro, la defensa de Fuelcorp presentó un nuevo escrito.
En este documento, solicitó que se declare la nulidad del sorteo, al considerar que el proceso aún se encontraba en trámite debido a la existencia de pedidos de ampliación y aclaración no resueltos. También alegaron que no se notificó debidamente a las partes ni se observaron las garantías de transparencia.
La empresa argumentó que el sorteo se realizó con negligencia y sin haberse ejecutoriado la providencia del juez García.
Afirmaron que estas acciones vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa. Los abogados de Fuelcorp señalaron además que no se dio respuesta a ninguno de los seis escritos.
Reacciones políticas y defensa del alcalde Aquiles Alvarez
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, se refirió al caso el 21 de marzo en una entrevista televisiva. Mencionó que el proceso ejemplifica cómo ciertas estrategias legales pueden buscar impedir el avance de investigaciones judiciales.
En respuesta, el alcalde Alvarez presentó una denuncia contra el ministro. Asimismo, su defensa insistió en que cualquier intento de vinculación fuera del tiempo legal establecido es contrario a los principios del debido proceso.
El abogado del alcalde sostuvo que toda actuación procesal posterior al vencimiento del plazo legal vulnera el principio de legalidad y debe considerarse improcedente. Esta posición fue compartida por otros involucrados, quienes reiteran que la instrucción fiscal concluyó el 16 de marzo de 2025, sin que se haya resuelto aún su cierre de forma oficial.
