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La crisis carcelaria une esfuerzos y espera medidas profundas

Familiares de privados de libertad esperan en los exteriores de la Penintenciaría del Litoral la noche del 15 de noviembre del 2021. Foto: EFE

Un Acuerdo Nacional, que agrupa a las principales funciones del Estado, es el nuevo escenario que plantea el Gobierno para enfrentar la crisis carcelaria. Analistas ven positivo el esfuerzo, pero señalan también sus falencias.

Después de la pausa que sobrevino al reclamo por el precio de los combustibles y los pedidos de organizaciones indígenas y sociales, el país fue testigo de otra masacre en uno de los centros de detención del Estado, en la ciudad de Guayaquil, el 12 y 13 de noviembre pasados.

El hecho llevó a que las principales autoridades de las funciones del Estado acudieran a la convocatoria del presidente de la República, Guillermo Lasso, para tratar el tema, la tarde y noche del lunes 16 de noviembre del 2021.

“Este es el momento de la más firme e inquebrantable unidad nacional. La inseguridad amenaza las vidas, bienes y proyectos de toda la sociedad en su conjunto. Todos unidos, todos quienes creemos en la democracia ecuatoriana, debemos poner de lado nuestras diferencias y buscar un bien más grande que nosotros mismos: la paz y el orden”, manifestó el Primer Mandatario en cadena nacional al término de dicha reunión.

En este encuentro se produjo el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, para coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad.

El Acuerdo implica elevar el tema de la crisis en el sistema penitenciario a un asunto de interés prioritario en la agenda de todos los poderes del Estado.

Algunos pronunciamientos de analistas valoraron positivamente el hecho. “Con este mensaje, el Gobierno logra un objetivo importante: convertir la crisis en una causa… Esta vez la puesta en escena y la narrativa fue la correcta”, manifestó Pedro Donoso, analista de temas políticos en su cuenta de Twitter.

En lo que va del 2021 ya se registran cuatro matanzas en el interior de las cárceles, durante las administraciones de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso.

La Policía indica que se tienen detectadas a ciertas organizaciones delictivas como actores recurrentes de los crímenes: Choneros, Tiguerones, Lobos y Águilas.

Tiempo en contra

La crisis carcelaria se ha convertido en un tema transversal y complejo en el Ecuador. Para analistas como Daniel Pontón, especialista en seguridad, el acuerdo es algo positivo porque el problema necesita ser abordado desde una alta política de Estado.

Sin embargo, cree que quizás puede ser demasiado tarde y avizora que se pueden dar otros episodios de violencia; “que El Turi y Cotopaxi (centros penitenciarios) no hayan sido escenarios de la última matanza no quiere decir que en ellos no se viva una tensa calma”, manifiesta Pontón.

Las medidas planteadas podrían bajar la violencia, pero ello no significaría que el problema desaparezca y más “si no se tiene una visión a largo plazo de reformar el modelo penitenciario, en general”, señala.

“Las cárceles son ecosistemas de proliferación de ilegalidades y el problema actual es que esto ha crecido a niveles muy complejos”. Para Pontón, ya no se puede hablar de cárceles con esquemas de criminalidad menor, sino con altos índices de violencia. Y eso, considera, está relacionado con la estructura carcelaria de centros penitenciarios con grandes cantidades de personas.

La fe de erratas

Las acciones que emprenderá el Gobierno se enfocarán en atacar a las mafias y sus jefes. Para ello se anunció, en un inicio, que se tipificaría el “nuevo delito de autoría por dominio de organización”. Horas después con una fe de erratas, el presidente Guillermo Lasso aclaró que lo que se hará es ampliar y aplicar “la teoría por dominio de organización”. La idea, en general, es que los jefes sean responsables por los delitos que ordenan a otros cometer.

La “fe de erratas” se debe a que ese delito ya está tipificado. El actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya lo plantea. El artículo 42 del COIP establece las formas de autoría en un delito y detalla tres: directa, mediata y coautoría.

Para Felipe Rodríguez, abogado especialista en derecho penal, están tan bien definidas estas formas de participación, que “si es que no estuviese en nuestro ordenamiento jurídico, entonces tienen que declarar nula la sentencia contra Rafael Correa en el caso Sobornos. (…) La fiscal Diana Salazar lo acusó por autoría mediata por dominio de una organización criminal”.

Asegura, también, que la tipificación de delitos no soluciona nunca los problemas, pues con los tipos de delito penal se sanciona una conducta, pero no se evita que la persona la cometa, indica.

“El derecho penal es represivo y no preventivo, pero seguimos teniendo gobernantes que creen que a través del sistema penal pueden solucionar un problema social y es absolutamente falso”, afirma Rodríguez.

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